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COSTA RICA: PANI no brinda oportuna atención a todas las denuncias, según CGR

La Contraloría General de la República (CGR), llamó la atención al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), porque no brinda una suficiente y oportuna atención a la totalidad de denuncias que reciben las oficinas locales, sobre niños y adolescentes que presuntamente se encuentran en riesgo, o a los que sus derechos les han sido vulnerados.

Este y otros hallazgos, se desprenden del informe N°° DFOE—SOC—IIF—13—2013, que realizó la CGR, en diciembre anterior.

Asimismo, el estudio determinó debilidades en cuanto al proceso atencional de las personas menores de edad que se encuentran en alternativas de protección.

Según el órgano contralor, la razón obedece a la ausencia de documentos en los expedientes que evidenciaran la elaboración de planes de intervención, sobre la atención requerida por cada menor de edad, así como de un seguimiento periódico, en todos los casos, para determinar la condición de esa población.

La CGR agregó que no se ha consolidado un sistema de información para la gestión integral de la actividad sustantiva del PANI, que permita fortalecer la calidad de atención y el control.

Por otra parte, la entidad indicó que las acciones realizadas en materia de promoción de los derechos de la población menor de edad y en materia de prevención de la vulneración de esos derechos, no han sido suficientes.

“Lo anterior en razón de las limitaciones existentes para el adecuado funcionamiento de las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia (JPNA) y los Subsistemas Locales de Protección (SSLP), la falta de cobertura de esos procesos de promoción y prevención en 22 cantones del país, y las debilidades observadas en la coordinación y articulación interinstitucional”, dijo la institución.

Para la Contraloría, lo anterior incide por la escasa participación en los SSLP de los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que son parte de las Asociaciones de Desarrollo Comunal, e instancias claves para lograr la articulación pretendida en el ámbito local y comunal.

Finalmente, se evidenció que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) no han asumido los compromisos aprobados por ese mismo órgano colegiado para la coordinación y articulación interinstitucional en procura del adecuado funcionamiento de los indicados SSLP.

Disposiciones

La CGR le ordenó a la Junta Directiva del PANI ordenar la elaboración de una propuesta para laampliación de la cobertura de las JPNA y de los SSLP, en los cantones en los cuales aún no sehan conformado.

Además, la Contraloría dispuso, entre otras cosas, que la Presidencia Ejecutiva del PANI elabore un estudio que permita determinar las necesidades reales de recursos de cada oficina local.

Entre otras cosas, El PANI deberá elaborar una propuesta para la atención de denuncias pendientes; un análisis sobre las causas del atraso en el desarrollo e implementación del sistema de información; la determinación de las causas de la baja ejecución de los recursos asignados al sistema alternativo de contratación, y elaborar y formalizar un mecanismo de control sobre los procesos atencionales.

Al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia se le dispuso definir y comunicar a sus miembros, acciones específicas para fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional, así como un mecanismo que permita el seguimiento de compromisos adquiridos por ese órgano colegiado en relación con los SSLP.

Finalmente, a DINADECO se le solicitó el establecimiento e implementación de acciones para promover la creación de Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, para que en coordinación con el PANI, se fortalezca la asesoría y capacitación, para lograr una mayor participación de esos órganos en las JPNA y en SSLP.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/90707

VENEZUELA: Protección a los niños, niñas y adolescentes en la situación actual del país

Desde la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) en Venezuela, coalición de organizaciones sociales que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, ante los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en algunas zonas de Caracas y de otras ciudades del país manifiesta:

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1. Reconocemos el legítimo derecho a manifestar de forma pacífica y sin armas. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la manifestación pacífica, expresando pública y libremente sus opiniones e ideas sobre asuntos de su interés, en condiciones acordes con su edad y protegiendo su integridad y desarrollo. Sin embargo, se debe evitar la presencia de niños, niñas y adolescentes en manifestaciones violentas o lugares en los que se han presentado disturbios que pueda poner en peligro su vida. Evitar que se asomen en balcones, ventanas, puertas de edificios, o salgan a la calle cuando se estén produciendo hechos violentos o los ánimos estén caldeados.

2. Rechazamos todo acto violento que atente contra la vida e integridad de las personas. Ninguna acción de protesta o manifestación, aun cuando sea legítima, puede afectar o limitar los derechos de la niñez y adolescencia. Es motivo de preocupación los daños a servicios públicos, propiedades y trancas prolongadas de calles, autopistas y vías públicas que limitan libre tránsito de los niños, niñas y adolescentes a escuelas o centros de salud.

3. Exhortamos al Estado, las familias y la sociedad a proteger la integridad física, psicológica o emocional de los niños, niñas y adolescentes. No están ajenos a las diversas situaciones que afectan al país. Reciben por distintas vías mensajes e informaciones, perciben todo lo que ocurre a su alrededor y lo internalizan. Es necesario brindar una adecuada atención, orientación y protección frente a cualquier estado de estrés, ansiedad, temor, preocupación, rabia, depresión o euforia que los afecte.

4. Reivindicamos a los centros educativos como espacios protectores. La comunidad educativa debe propiciar espacios y oportunidades para la formación ciudadana, para darle contenido vivencial a los valores que posibiliten el encuentro, la solidaridad y el respeto a la diversidad sin discriminación de ninguna índole.

5. Exigimos al Sistema Rector Nacional para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes la implementación de acciones para prevenir y atender oportunamente cualquier denuncia relacionada con los niños, niñas y adolescentes, especialmente en el contexto de manifestaciones públicas.

6. Demandamos al Ministerio Público y cuerpos policiales respetar los derechos de adolescentes detenidos en manifestaciones públicas, siendo obligatorio garantizarles el derecho a ser informados sobre los motivos de la detención, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, representantes o responsables, así como de sus abogados de confianza o defensor público especializado. Durante la detención deben estar separados de personas adultas, no ser sometidos a ningún tipo de tortura, trato cruel, incomunicación o cualquier otra forma de violencia.

7. Rechazamos cualquier acto desproporcionado, prohibido e innecesario para el control de manifestaciones públicas por parte de organismos de seguridad del Estado, especialmente en zonas residenciales o cerca de escuelas o centros de salud donde se afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes.

8. Exigimos evitar el uso de bombas lacrimógenas u otras sustancias por los efectos nocivos en niños, niñas y adolescentes, generando problemas respiratorios y alérgicos como irritación ocular, erupciones cutáneas, lo cual va aunado a situaciones de tensión o miedo. Cualquier acción para el control de manifestaciones públicas debe cumplir lo establecido en la Constitución Nacional y en las leyes especiales, que aseguran el principio de proporcionalidad y de respeto al domicilio o lugar de residencia de las personas, escuelas y centros de salud; así mismo, debe tomar en cuenta las normas y orientaciones previstas en el Manual de Actuación de los Cuerpos de Policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, emitido en el año 2012 por el Consejo General de Policía del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

9. Condenamos todas las diversas manifestaciones de violencia que son sometidos muchos niños, niñas y adolescentes. El uso de un discurso violento, un clima de enfrentamiento permanente, recurrir a la violencia real o simbólica para dirimir conflictos constituye una exposición cotidiana y continúa que sufren los niños, niñas y adolescentes que deja aprendizaje social y huellas emocionales de consecuencias impredecibles.

10. Convocamos desde esta Red a un Acuerdo Nacional para prevenir y detener todas estas formas de violencia. Es impostergable favorecer este acuerdo para reconocernos como ciudadanos capaces de sostener la convivencia basada en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, cumpliendo con obras y realizaciones lo que hemos aprobado en el texto de la Constitución Nacional.
Organizaciones que suscriben el presente comunicado:

1. Cecodap.
2. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Católica Andrés Bello.
3. Fundación Luz y Vida.
4. Asociación Muchachos de la Calle.
5. Asociación Venezolana de Justicia Social (AVEJUS).
6. Asociación Civil VIVIR.
7. Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, el Joven y la Familia (FIPAN).
8. Red de Casas Don Bosco.
9. Proadopción.
10. Instituto de Psicología. Universidad Central de Venezuela.
11. CENDIF. Universidad Metropolitana.
12. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor “Oscar A Romero” de la Universidad de los Andes del Estado Mérida.
13. PROINFA.
14. Fundación Amigas y Amigos de Niñas, Niños y Adolescentes (FADNNA).
15. Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes “Beto Morales” – Petare.
16. La Rana Encantada.
17. Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral del Niño-INVEDIN.
18. Asociación de Trasplantes de Venezuela.
19. Sociedad Venezolana para Niños y Adultos Autistas.
20. Asociación Civil Sobrevivir.
21. SINERGIA.
22. Caprevie.
23. Fundación Nairam.
24. Fundación TAAP
25. Defensora de Niños Niñas y Adolescentes de Municipio Chacao N° CH01-05, CH01-11, CH02-11, CH12-10.
26. Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de Municipio Sucre N° 131.

EL COMUNICADO QUEDA ABIERTO A NUEVAS ADHESIONES

PERU: Hasta 8 años de cárcel por contactar menores por Internet para pornografía

Gobierno aprobó Ley de Delitos Informáticos, que incluye aplicaciones que atentarían contra libertad de empresa y periodismo de investigación.

El Gobierno aprobó hoy las modificaciones de siete artículos en la Ley de Delitos Informáticos 30096) y se establece, entre otro cambios, entre 4 y 8 años de cárcel para quienes contacten por Internet a un menor de 14 años con fines pornográficos (obtener material o llevar a cabo actividades sexuales con menores).

La norma, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, detalla las modificaciones en los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10, tal y como acordó la Comisión Permanente. La norma precisa una serie de penas carcelarias por delitos informáticos, entre ellas de tres a seis años de cárcel si una víctima tiene entre 14 años y 18 años de edad.

POLÉMICA GENERAL
Expertos en el tema señalaron que algunas de estas correcciones apuntan a mejorar algunas generalidades expuestas en el texto original de la Ley 30096, las cuales podrían originar aplicaciones arbitrarias que atentarían contra la libertad de empresa y el periodismo de investigación.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Juan Carlos Eguren, explicó que esta ley modificada busca incorporar la calidad de ‘deliberada’ e ‘ilegítima’ a los delitos de acceso ilícito, atentados a la integridad de datos informáticos y a la integridad de sistemas, interceptación de datos y fraude informáticos, así como el abuso de mecanismos y dispositivos de esta naturaleza.

Es que la norma precisa que quien deliberada e ilegítimamente utiliza total o parcialmente un sistema informático, impide el acceso a éste, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios, será reprimido con pena privativa de libertad entre tres y seis años y con 80 a 120 días-multa.

Asimismo, el que deliberada e ilegítimamente intercepta datos informáticos en transmisiones no públicas, dirigidos a un sistema informático será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Cuando el delito recae sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial de conformidad con la Ley Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N°27806), la pena de cárcel será entre 5 años y 8 años.

http://peru21.pe/actualidad/fijan-hasta-ocho-anos-carcel-pedofilos-internet-2173582

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