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COSTA RICA: Gobierno obligado a girar fondos a PANI

Una sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo condenó al Ministerio de Hacienda a saldar su deuda pendiente con el PANI.

tribunal ordena pagar ¢126.000 millones

Según el fallo, el Estado deberá girar ¢126.000 millones al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) correspondientes a parte de los presupuestos de los años 2010, 2011 y 2012 que no trasladaron.

El Tribunal, además, exigió al Poder Ejecutivo “abstenerse en el futuro de incurrir en conductas omisivas” similares.

Esta resolución, dada a conocer el miércoles, responde a una demanda presentada por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.

Según el legislador y ahora candidato presidencial, el Gobierno no entregó al PANI ¢45.000 millones que le correspondían por ley en el 2012 y más de ¢81.000 millones en los años 2010 y 2011.

Las sumas provienen del 7% del impuesto sobre la renta, así como los recursos de la ley de impuestos sobre licores y cigarrillos, destinados a atender a la niñez en abandono y riesgo social.

“Es un precedente muy importante. Sentamos las bases para que los Gobiernos no puedan recortar los recursos a los sectores más vulnerables y en riesgo social. Si esta se cumpliera tendríamos un mejor país”, comentó el legislador.

La sentencia N.° 53-2013-VII obliga a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, y al ministro de Hacienda, Édgar Ayales, a incluir dentro del Presupuesto Nacional el total de los fondos que le fueron negados al PANI.
Sin embargo, el fallo podría ser impugnado.

Por medio de su oficina de prensa, ayer se enviaron consultas a las autoridades de Hacienda; no obstante, avanzada la tarde no se había recibido respuesta.
La lucha. Luis Quirós, presidente de la Asociación de Abogados del PANI, celebró ayer la sentencia, sobre todo porque ordena hacer los pagos retroactivos.
“Para nosotros es una noticia histórica porque vuelve a reivindicar que la lucha que hemos venido dando es justa”, expresó.

El funcionario recordó que no es la primera vez que hay un fallo judicial en ese sentido, pues en marzo la Sala Constitucional también ordenó a Hacienda hacer los giros correspondientes.

“Vivimos en un país democrático, pero solo unos estamos obligados a cumplir las sentencias judiciales. Otros se dan por enterados y todo continúa como si nada”, dijo.

Para el 9 de setiembre, cuando se celebra el Día del Niño, los empleados del PANI preparan una marcha hacia la Sala IV y el Ministerio de Hacienda para reclamar los recursos de la entidad.

http://www.nacion.com/nacional/Tribunal-ordena-girar-dineros-PANI_0_1363063711.html

COSTA RICA: Desmayan en sentencia de 50 años por matar hijo

Bebé de 3 años murió a punta de fajazos y pedradas, Heredia

Un compromiso de uno de los jueces, llevó al Tribunal a tomar una decisión de última hora, que era dar el veredicto final contra los imputados, por esta razón concluyeron el debate pasadas las 8 p.m. del anterior martes.
Jueves 29 de Agosto del 2013

50 años de prisión, por el delito de homicidio calificado, fue la pena que dictó el Tribunal Penal de Heredia contra una mujer de apellido Fuller y un taxista informal de apellido Campos, “padres” de un bebé de tres añitos quien lamentablemente murió el anterior 22 de junio de 2012, consecuencia de la golpiza de fajazos y pedradas que le daban.

Tal como DIARIO EXTRA lo informó en la edición de ayer, la fiscalía solicitó, contra esta pareja, un total de 63 años cárcel por los delitos de agresión con arma, lesiones leves y omisión impropia de un delito de homicidio calificado (contra Fuller); mientras que para al padrastro de la criatura se le achacó agresión con arma, lesiones leves y homicidio calificado.

Un compromiso de uno de los jueces, llevó al Tribunal a tomar una decisión de última hora, que era dar el veredicto final contra los imputados, por esta razón concluyeron el debate pasadas las 8 p.m. del anterior martes.

Los jueces Óscar Mario Vargas, Olman Ulate y Víctor Cruz dictaron 30 años contra Campos y 20 años contra Fuller; ambos por el delito de homicidio calificado.
En ese momento los acusados no soportaron escuchar la pena y primero lloraron; en cuestión de segundos Fuller se desvaneció. De acuerdo con los personeros del Tribunal, fue necesario llamar a la Cruz Roja para que estabilizara y controlara los ánimos de los sentenciados.

BEBÉ LUCHÓ POR LA VIDA

Las brutales golpizas se registraron entre diciembre de 2011 y junio de 2012. El fiscal de este indignante caso, Bernal Rodríguez, dejó claro que días antes de la muerte, el angelito permaneció hospitalizado luchando por la sobreviviencia, pero falleció de un paro respiratorio. Al igual que su hermanito menor, los dos pequeños fueron víctimas del Síndrome del niño agredido; este último bebé dichosamente vivió y actualmente está bajo el cuido del padre biológico.

Los forenses determinaron que el chiquito presentaba hemorragia abdominal, intracraneal, desprendimientos de un riñón, laceración del hígado y lesión en ambos pulmones. El debate inició el anterior 6 de agosto y contó con la participación de 21 testigos.

Finalmente, quedaron a la orden de los custodios de cárceles, quienes los remitieron a los centros penitenciarios.

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/167202

COSTA RICA: Acusados invocan enfermedad mental para evitar la prisión

Buscan internamiento en centro con mínima contención

En últimos 3 años, 83 fueron calificados como inimputables en procesos penales 21 de ellas cometió abuso sexual de menor y 7 fue por homicidio Una auxiliar de enfermería jubilada burló el 7 de agosto del 2012 cinco controles de seguridad para inyectar una sustancia mortal a una mujer de 63 años internada en el Hospital San Juan de Dios.

La Fiscalía consideró el hecho como homicidio calificado. Empero, la defensora pública Seyla Meza Pérez pidió una valoración médica de la sospechosa, pues alega que es inimputable debido a una enfermedad mental.

Este caso, cuya fecha de juicio todavía no está fijada, es uno de los muchos asuntos donde se alega que el imputado (o imputada) no poseía la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho que perpetró, al padecer una perturbación mental.

Datos de la sección de Estadísticas del Poder Judicial revelan que en los últimos tres años fueron condenadas 21.198 personas por cometer un delito.

De esa cifra, 83 eran enfermos mentales o inimputables y se les impuso como medida de seguridad el internamiento, por tiempo indefinido, en un centro especializado. 21 de esas personas cometió abuso sexual contra menor, 7 perpetró un homicidio y 11 usó una arma para agredir.

Gente sana. Nino Castro Carboni, del departamento de Psiquiatría Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) afirmó que es muy alta la cantidad de casos donde la gente simula sufrir males mentales para evitar ser enviados un centro penal.

El especialista en psiquiatría, advirtió que la mayoría de las personas que delinque en Costa Rica no padece enfermedad mental.

Hizo ver que cada vez es más frecuente que se pida una valoración del imputado, pues la defensa alega que su representado delinquió cuando tenía su capacidad disminuida, en muchos casos con el argumento de que lo hizo bajo la influencia de drogas.

Empero, dijo que al analizar el caso se nota que hay un planeamiento para la ejecución .

“El simple hecho de tener expediente psiquiátrico no condiciona absolutamente nada. Puede ser que lo atendieran por trastornos de aprendizaje, intoxicación etílica. Nada relacionado con retardo mental” , manifestó .

El psicólogo Raymond Valverde Rojas, quien también trabaja para el OIJ, manifestó que a muchos delincuentes se les puede calificar como psicópatas (no son necesariamente asesinos en serie, pueden ser violadores, estafadores) pues tienen una gran necesidad de satisfacer sus necesidades engañando a otros. Empero, advirtió que los actos los cometen de forma consciente y por tanto son imputables.

Tanto Valverde como Castro insistieron en que los hechos violentos tienen su raíz en frustraciones, el estrés diario, en un interés por llamar la atención y nunca en enfermedades mentales.

En el caso de la auxiliar de enfermería de apellido Barrantes, de 63 años, se determinó que laboró en el Hospital Nacional Psiquiátrico y era amiga a de la paciente fallecida Lilliam Arias Prendas, de 55 años.

La defensora de la imputada Seyla Meza prefirió no ampliar detalles sobre el argumento para pedir la inimputabilidad. Alegó que esa es una estrategia que expondrá solo en el juicio.

En nuestro país los inimputables son llevados al Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley, ubicado en La Uruca, que fue creado en el 2011 y que tiene una menor contención.

En la actualidad ese centro alberga a 92 pacientes.

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Acusados-simulan-enfermedad-mental-prision_0_1362863705.html

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