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COSTA RICA: UN CASO SERIO

EDITORIAL

Con alarma el país se enteró la semana anterior de la compleja situación registrada en un albergue alajuelense del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), luego de que jóvenes a quienes da resguardo atacaran a pedradas un autobús y vehículos particulares.

Pero esta no fue la única situación en el lugar, también hubo un incendio provocado en dichas instalaciones pocos días después del incidente con las piedras.

Lo peor es que no se trata de hechos aislados porque el albergue presenta un cuadro complicado desde hace mucho tiempo, en parte debido al tipo de población asignada.

Hablamos de jóvenes que han sufrido problemas de consumo de drogas, algunos con cuadros psiquiátricos, víctimas de trata y tráfico, ofensores sexuales, con sentencias judiciales, migrantes, con dificultades de conducta e incluso población de diversidad sexual.

Debe reconocerse que la institución ha realizado ingentes esfuerzos para dar resguardo y protección a estos jóvenes, pero ha enfrentado dificultades, como por ejemplo la carencia de personal especializado en la atención de este tipo de conductas.

Justamente el caso amerita una participación más activa de otras instituciones del Estado que pueden intervenir en la atención que necesitan estos adolescentes, con la esperanza de canalizar de manera más oportuna su rehabilitación e inserción social.

Sin embargo el caso debe llamar la atención sobre las potestades del PANI, ya que se encarga de sacar de las calles y hogares a menores en riesgo y velar por su resguardo, pero ante realidades como esta puede verse limitado en su función y requiere la intervención de otras dependencias estatales para garantizar a cabalidad este cometido.

Se hace necesario controlar que la situación no se salga de las manos y termine afectando a la comunidad donde está el albergue o que atente contra la propia seguridad de los jóvenes en cuido y de los funcionarios de la institución.

También se debe trabajar intensamente por mejorar la condición de estos jóvenes problemáticos, quienes tienen derecho a aspirar a una vida mejor, con oportunidades de convertirse en personas de bien para nuestra sociedad.

Ojalá que el PANI reciba más apoyo interinstitucional, pero también que las autoridades judiciales consideren una valoración más profunda a la hora de remitir casos de jóvenes con restricciones judiciales a albergues para terminar de cumplir sus condenas.

http://www.diarioextra.com/2013/marzo/25/opinion1.php

COSTA RICA: Cambios urgentes en el PANI

Presidenta Ejecutiva, Patronato Nacional de la Infancia www.pani.go.cr

La complejidad de las situaciones amerita una respuesta articulada de todos los sectores

Cuando ingresé al Patronato Nacional de la Infancia en octubre del año pasado, conocí del programa denominado Departamento de Atención Integral (DAI) y sus albergues, el cual fue promovido y creado para atender las situaciones de riesgo inminente y alta vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes (por ej.: solos en casa y en la calle).

Hoy conocemos que el contexto del programa ha variado, y las necesidades de atención y protección a otras poblaciones han forzado el ingreso al programa de menores de edad con diferentes problemáticas psicológicas, adicción, en conflicto con la Ley Penal Juvenil, además de conductas disociales.

Ante estos ingresos, algunos de ellos ordenados por las autoridades judiciales y otros rechazados por otras instituciones de protección especial, los albergues del DAI fueron asumiendo a estas personas menores de edad, la mayoría por mandato judicial.

Inmediatamente realizamos varias acciones, reuniones con funcionarios del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Presidencia, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y la Defensoría de los Habitantes para exponerle la delicada situación que atraviesa el albergue La Garita; una llamada de coordinación y articulación para brindar una respuesta apropiada a la población ingresada. Además se realizaron cambios del personal, se ordenaron investigaciones preliminares, se suspendió a un funcionario y hubo denuncias penales contra otros funcionarios y funcionarias.

A pesar de todas las acciones realizadas desde el PANI, la complejidad de las situaciones amerita una respuesta articulada y coordinada de todos los sectores y organizaciones públicas y privadas, así también ordenada por la misma Constitución Política (artículo 55). Si bien el PANI es la institución rectora en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, el ejercicio de esta rectoría conlleva el compromiso de coordinación de otras instituciones del Estado de acuerdo a sus competencias, lo cual está consagrado como un precepto constitucional y legal.

Las crisis presentadas son también una oportunidad para la institución que represento y para todas las instituciones y organizaciones corresponsables para buscar soluciones sostenibles y duraderas, en estricta consonancia al enfoque de derechos y la doctrina de protección integral, porque así también lo demanda la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos del Niño.

http://www.nacion.com/2013-03-25/Opinion/cambios-urgentes-en-el-pani.aspx

COSTA RICA: Jueza deja libres a 6 menores acusados de quemar albergue

Caso ocurrido el jueves en La Mandarina, en Alajuela

Estimó que no había pruebas, y los devolvió bajo la custodia del PANI
Solo a un joven le impusieron dos meses de detención por incendio y daños

El Juzgado Penal Juvenil de Alajuela dejó en libertad a seis de los siete menores acusados de causar un incendio que dejó inhabitable el albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en La Mandarina de Alajuela.

La decisión la adoptó la jueza Tania Sánchez Rodríguez, al considerar que el Ministerio Público no aportó pruebas para imponer medidas restrictivas de la libertad, y, por eso, de nuevo los puso bajo custodia del PANI.

La oficina de prensa del Poder Judicial informó de que la jueza solo dictó dos meses de detención provisional para un muchacho de 16 años. Este quedó a la orden de Adaptación Social, que lo remitió al centro de menores Zurquí, en San Luis de Santo Domingo de Heredia.

Inmediatamente, el PANI advirtió del riesgo de reiteración delictiva de los menores, pues se informó de que todos los centros de la entidad son abiertos y no tienen medidas de contención.

Antecedente. Los menores implicados en este caso son, según el PANI, personas en conflicto con la Ley Penal Juvenil, con adicción a las drogas y que irrespetan las normas y límites dictados por personas adultas.

La entidad atribuyó a estos mismos jóvenes causar, el 15 de diciembre, un disturbio en el albergue de La Mandarina, donde pintaron paredes, rompieron vidrios y ventanas y quemaron expedientes, entre otros daños. El PANI señaló que las reparaciones del inmueble costaron ¢30 millones.

Posteriormente, a los jóvenes se les atribuyó amenazar a los funcionarios responsables del centro, y, el pasado fin de semana, se les vinculó con el lanzamiento de piedras desde el muro del albergue que afectaron seis buses de la empresa Transtuga S. A. Los vidrios de las unidades resultaron rotos.

Asimismo, vecinos se quejaron, pues los menores, al no tener contención, salían a cualquier hora del centro y se sentaban a esperar peatones a los que, presuntamente, asaltaban y amenazaban. También se les atribuyó meterse a las propiedades cercanas, de donde, al parecer, sustrajeron bienes.

Quejas. El PANI indicó que, cuando la jueza dejó en libertad, ayer a las 5:30 a. m., a los seis menores y los puso bajo custodia del PANI, de una vez los sacaron del edificio de los Tribunales de Alajuela.

Los adolescentes no esperaron a que llegara un microbús de la entidad para recogerlos, sino que se fueron a pie al barrio San José.

“Ellos mismos se brincaron las mallas del albergue en calle Flores (en el barrio San José) y se metieron a ese nuevo centro”, manifestó Fanny Cordero, vocero de prensa del PANI.

Mientras tanto, el Ministerio Público informó de que la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil acusó a los siete jóvenes –de entre 16 y 17 años de edad– de dos delitos: incendio agravado (se agrava por poner en riesgo la vida de personas) y daños agravados.

La Ley de Justicia Penal Juvenil dispone que un menor culpable de incendio puede descontar cárcel hasta por 15 años.

La Fiscalía, tras conocer la resolución del Juzgado Penal, anunció que valora la posibilidad de presentar una apelación, pues se considera que en la acusación se presentó abundante prueba para estimar a los menores como relacionados con los hechos.

El Ministerio Público informó de que, en todo caso, se solicitó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) seguir recabando indicios para fortalecer aún más la acusación.

Atención a menores

Defensoría señala fallas

La Defensoría de los Habitantes señaló que el Estado está fallando en la atención de los menores, específicamente, en relación con los recluidos en el albergue de La Mandarina, en Alajuela.

Para la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, los niños y adolescentes con medidas de abrigo temporal requieren una gestión pública responsable y eficiente, que garantice condiciones de vida dignas y adecuadas para que asuman la autonomía e independencia de cara a su adultez.

Argumentó que el albergue de La Mandarina, creado hace diez años, era para atender a jóvenes de la calle con incipiente consumo de drogas, pero que el plan se debilitó y el modelo de atención se agotó por falta de recursos para brindar la atención.

http://www.nacion.com/2013-03-23/Sucesos/jueza-deja-libres-a-6-menores-acusados-de-quemar-albergue.aspx

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