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COSTA RICA: Trata y tráfico: responsabilidad compartida

La trata de personas es definida de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas como: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.” (ONU, 2012). Para entender la magnitud de este problema que se estima es el segundo negocio ilícito más lucrativo y dañino a nivel mundial, la trata es la esclavitud de seres humanos para diferentes formas de explotación, como la sexual, la laboral, el tráfico de órganos, entre otras.

Costa Rica se encontraba catalogado como uno de los países ubicados en el nivel 2 (de tres niveles) en el grupo de los países en “Lista de Vigilancia”, esto de acuerdo con el penúltimo informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre la condición mundial de los países y la trata de personas. Esta situación cambió hace un par de meses que se presentó el nuevo informe en donde el país sale de esta lista, además se aprobó la Ley contra la Trata de personas; lo que no significa que el problema esté resuelto, o que las instituciones no deben de prestar atención y trabajar en la aplicación de la norma, en la información y sensibilización, herramientas fundamentales para evitar caer en manos de estas redes.

El hecho de salir de la Lista de Vigilancia (esto tiende a fluctuar bastante en el caso de nuestro país, en tanto que salimos y entramos, no se mantiene constante) no tiene que provocar desviar la atención del tema, ni mucho menos disminuir los esfuerzos existentes para la prevención y erradicación, en nuestro país es muy dado que no se le preste atención a lo que según los datos a mejorado, lo que provoca en muchas ocasiones estrepitosas caídas y resurgimiento del problema. La salida de Costa Rica de esta lista lo que debe de provocar en el Estado es la alerta, aumentar las acciones que se han realizado (como la ley) y mejorar las mismas, con el fin de mantenernos fuera de lista de forma permanente pero sobre todo con el fin de acabar con la trata y explotación de personas.

En especial, son necesarias las campañas de sensibilización y de información que se transmite por los medios de comunicación. Asimismo, el desconocimiento del tema por la ciudadanía aumenta las posibilidades de caer en este negocio inhumano. Por otro lado el miedo y silencio de las víctimas, algunos vicios procedimentales y carencias en el sistema judicial provocan que las redes no sean atrapadas ni enjuiciadas. Tenemos vacíos judiciales para la persecución y sanción del delito, recordando la complejidad en la naturaleza de estas redes, que son dinámicas, no están en un sólo lugar, se conforman por varias personas, a veces son transnacionales, entre otras características. Estas limitaciones que existen en el sistema judicial son algunos de los mayores problemas en el combate contra la trata y la explotación. Esperemos con la adecuada aplicación de la ley estos mermen.

En el país se han desarrollado campañas e iniciativas, algunas desde el OIJ y la OIM (la campaña “No todo es lo que parece”); otras desde la Dirección General de Migración y Extranjería y la Coalición Nacional contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, pero aún no le prestamos la atención que este tema merece, la trata de personas es más común en nuestro país de lo que se cree. Internamente tenemos redes de trata de mujeres y de niñas en las cuales que son explotadas sexualmente y laboralmente. Asimismo, nuestro país es un destino para la trata de mujeres provenientes de Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Guatemala, Ecuador, Cuba, Perú, China, Rusia y Filipinas, quienes son explotadas sexualmente en nuestro país. Costa Rica también sirve como punto de tránsito de víctimas hacia Estados Unidos, México, Canadá y Europa. Hombres, mujeres, personas adolescentes, niños y niñas son tratadas, con frecuencia dentro del país, para realizar trabajos forzados como empleadas domésticas, prostitución, peones agrícolas y en la industria pesquera.

En este sentido, si las mujeres y los niños son parte de las poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad ¿qué está haciendo el Estado por generar conciencia en estas poblaciones y reducir las vulnerabilidades? Pero más importante aún ¿qué estamos haciendo todas y todos por erradicar y prevenir esto? Donde hay demanda hay oferta, donde la gente calla, reina la impunidad.

Un recurso importante es la gran cantidad de personas jóvenes que asisten a los colegios, las escuelas, muchas veces mujeres y hombres jóvenes que también buscan empleo o se ven obligados a abandonar el sistema educativo por las condiciones socio-económicas, aprovechar estos espacios de concentración de juventudes para llevar campañas hasta las aulas y no sólo transmitir un anuncio por la televisión cada cierto tiempo, debería de ser sólo una parte de una estrategia integral de prevención impulsada por el Estado. Políticas que generen cambios en los valores de una sociedad enmarcada por el patriarcado, empoderamiento de las personas sobre sí mismas, generación de empleo de calidad para las juventudes, disminución de las desigualdades sociales y de género, son sólo algunas de las tantas tareas que tenemos pendientes y son necesarias para luchar contra la trata y explotación de personas.

Las condiciones de desigualdad, la violencia de género, la exclusión social, son caldos de cultivo para que esta situación se dé. Para muestra un botón, el pasado 24 de marzo se detuvo en Limón a tres personas quienes tenían en condición de trata a tres menores extranjeros, además recuerdo como en La Nación del día 10 de mayo del presente año, se captura a una banda organizada de trata, quienes tenían en esclavitud y explotación alrededor de 20 personas de las cuales 18 eran mujeres, vemos lo que pasa en las zonas en donde el negocio del comercio sexual es muy grande (zonas turísticas, capital, entre otras), como mujeres de diferentes nacionalidades llegan al país para ser explotadas sexualmente, así como muchas otras se van del país en busca de empleo y terminan en manos de estas bandas de crimen organizado sin olvidar la trata interna (no salen ni entran del país). Estas noticias son la excepción, porque lamentablemente no se tienen datos o estadísticas de cuantas personas pasan o se quedan en condición de trata y explotación en suelo costarricense ni de cuantas personas han sido víctimas de la trata interna.

Recordemos que es un deber del Estado brindar protección, seguridad y bienestar social; a todas las personas que habitan en su territorio, espero de verdad como mujer joven que el gobierno vuelque su mirada a este problema con la seriedad que amerita, que desarrolle campañas de prevención, de información y sobre todo que la sociedad civil no calle ante estas irregularidades. Aún nos falta mucho trabajo en el respeto a los derechos humanos, seguridad ciudadana, disminución de la desigualdad social y este tema es otra deuda que tenemos, resultado precisamente de todo lo anterior; no podemos tener una mentalidad simplista y pensar que por salir un año de una lista, o contar con una ley, ya no existe el problema. Sin mercado la trata no existiría, ¿qué estamos haciendo?

(*) Estudiante de Ciencias Políticas en la UCR y actual Sub-Coordinadora de la Juventud del PAC.

http://elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/74003

COSTA RICA: Amplían suspension a jerarca del PANI

Por investigación de abuso a menores en Orotina

AMPLÍAN SUSPENSIÓN A JERARCA DEL PANI

aamenabar@diarioextra.com

Iris Arias, presidenta ejecutiva del Pani, será quien determine una vez finalizado el órgano director, las acciones a tomar con el funcionario.

El órgano director del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), renovó la suspensión del Coordinador de la Oficina local de Golfito, Enrique Gómez Rosales, durante un mes más mientras se le siguen las investigaciones alrededor de una denuncia de abusos a menores en la sede donde él laboraba. Mientras tanto, el funcionario sigue devengando su salario, sin asistir al centro de trabajo, ya que la ley así lo exige.

En la actualidad Gómez tiene dos causas abiertas y en investigación, ambas relacionadas con supuestos abusos sexuales contra dos menores que vivían en un albergue de Golfito, a cargo del funcionario, cuyos casos ya habían sido denunciados anteriormente.

Según información generada por el departamento de prensa de la institución, el caso que se investiga en este momento es muy complejo, debido a que se encuentran involucrados menores de edad, es por ello que fue necesario ampliar por un periodo de 30 días más la suspensión al funcionario, quien desde setiembre se encuentra cesado de su cargo.

OTRAS DENUNCIAS

Esta no es la primera vez que el funcionario tiene denuncias en su contra, no obstante las anteriores estaban relacionadas a actos de corrupción que se dieron en la institución, y de las cuales fue encontrado culpable y se le suspendió del cargo.

En esa oportunidad, varios empleados lo acusaron de cobrarles “favores” ya sea en efectivo o en especie, luego de que Gómez les renovara el contrato en puesto interino, para mantenerse trabajando en la institución.

Según pruebas recabadas en ese oportunidad por la auditoría interna del PANI, y de las cuales DIARIO EXTRA tiene copia, el funcionario recayó en un delito de falta de probidad. No obstante, a pesar que la Auditoría recomendaba la destitución del jerarca, la Presidenta Ejecutiva en ese momento, Marielos Hernández, solamente lo suspendió 5 días sin goce de salario.

Por esta misma razón, la auditora interna del Pani, María Auxiliadora Chaves, considera que, a pesar que las acusaciones son distintas, por los antecedentes que tiene Gómez, no sería extraño que en esta oportunidad, el órgano director que se le abrió, determine que de encontrarse responsable de las acusaciones sea despedido sin responsabilidad patronal.

http://www.diarioextra.com/2012/octubre/24/nacionales8.php

COSTA RICA: Psicólogos se oponen a que niños visiten polígonos

Temen accidentes

El Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica comunicó ayer su oposición a que menores aprendan a disparar en polígonos de tiro.

La institución señaló, por medio de un comunicado, su descontento con estas prácticas, argumentando que atentan contra el bienestar emocional de los menores y su derecho a desarrollarse en un ambiente sano, física y mentalmente.

La posición de los psicólogos trasciende luego de que La Nación informó, mediante un reportaje publicado el 30 de setiembre, que algunos menores, incluidos niños, visitan los polígonos para aprender a disparar armas de fuego.

El Colegio Profesional de Psicólogos señaló los riesgos de que los padres de familia permitan a sus hijos relacionarse con armas a edades tempranas.

“Los niños menores de ocho años no pueden diferenciar entre un arma real y un juguete, y los niños de tres años tienen suficiente fuerza para apretar el gatillo de un arma real. Más de la mitad de todos los disparos accidentales son hechos por niños y adolescentes”.

En uno de los reportajes de este diario, Celso Gamboa, viceministro de Seguridad, reconoció la falta de normativa sobre este tema.

“Hay un gran vacío legal. Es algo que debería regularse”, dijo.

El Colegio indicó que los menores “no pueden prevenir accidentes, situaciones de riesgo o toma de decisiones que involucren distintos aspectos cognitivos”.

http://www.nacion.com/2012-10-24/Sucesos/psicologos-se-oponen-a-que-ninos-visiten-poligonos.aspx

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