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SINAI: Devastadora trata de personas

Palestine Chronicle

Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.

Bruselas. Un informe titulado “Trata de Personas en el Sinaí. Refugiados entre la vida y la muerte”, arroja nueva luz sobre la devastación causada por el tráfico en el Sinaí. Los rehenes son asesinados a menos que obtengan de los familiares exorbitantes rescates que pueden llegar hasta 35.000 dólares o más. Dichos rescates se recaudan entre los miembros de la familia en los países de origen y los familiares de la diáspora.

Una red de blanqueo de capitales apoya la recogida de rescates. El informe fue elaborado por esta autora, Meron Estefanos, el doctor Conny Rijken de la Universidad de Tilburg y por Europeos Asesores de Políticas Externas de Europa (EEPA).

Las víctimas soportan abominables torturas, que incluyen cada vez más a mujeres y niños torturados y violados. Repetidamente electrocutan a los rehenes, los cuelgan cabeza abajo, los golpean con barras de hierro y los queman con goteo de plástico. Torturan a las mujeres embarazadas y en las entrevistas incluso se han podido comprobar golpes infligidos a un bebé de un año. A los miembros de las familias de los rehenes les hacen elegir a quién sobrevivirá si no se recauda un rescate suficiente para liberarlos a todos. Muchos prisioneros mueren en cautiverio debido a la crueldad.

Una vez pagados los recates no existe la certeza de que las víctimas sean liberadas. A menudo las venden a otros traficantes. Si consiguen la liberación, a menudo están demasiado débiles para llegar a un lugar seguro, están desnutridos y debilitados por las torturas sufridas. Una vez liberados, existe el peligro de que los balee la policía egipcia.

Los lugares donde retienen a los rehenes están cerca de la frontera con Israel, la cual ha sido recientemente cercada por los militares israelíes que han recibido la orden de no permitir que los rehenes liberados crucen el muro. Sin agua ni alimentos muchos colapsan. Las ONG no están autorizadas a visitarlos.

Esos rehenes que amenazan a la seguridad, ya sea de Israel o de El Cairo se encuentran detenidos en centros de detención desde donde son deportados a su país de origen. Para la mayoría de rehenes es Eritrea. En este país, los rehenes están en peligro de ser encarcelados. La mayoría de los refugiados escapan del servicio militar para adultos de su país y por lo tanto no pueden regresar con seguridad.

Hablar en contra del régimen de Eritrea es peligroso e incluso aquellos que se encuentran fuera del país ponen en peligro a los miembros de sus familias si no hablan abiertamente en apoyo del régimen. Hay fuertes indicios de que los propios funcionarios están involucrados en la selección del tráfico y los eritreos están involucrados en la organización de la trata de personas y la recaudación de los rescates.

En una audiencia en el Parlamento Europeo el 26 de septiembre de 2012 en Bruselas los activistas y trabajadores humanitarios expresaron solidaridad con los rehenes y pidieron a las autoridades que cumplan sus obligaciones de prevenir la trata de personas y proteger a las víctimas. Para los eritreos debe detenerse el regreso a su país de origen debido a la represión política allí. Este forzado regreso, agregaron, debe ser detenido por los países involucrados, como Egipto, Italia, Libia e Israel.

Se llamó a la Comisión Europea a iniciar procedimientos de infracción contra Italia para que detenga el regreso forzoso de los eritreos. Instaron a establecer más instalaciones humanitarias y médicas, en especial también el acceso urgente a los servicios ginecológicos para las mujeres. Se pidió a Europol que empiece a elaborar un informe sobre el fenómeno.

El informe pide a la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, que asuma la responsabilidad de organizar la protección de los refugiados, de manera que estén seguros en los campamentos y no corran riesgos de secuestro. Se ha llamado al nuevo gobierno del presidente egipcio Mohamed Morsi a tomar el control del Sinaí, que se encuentra sin ley y se asegure de que la policía identifique a los traficantes en lugar de disparar a las víctimas de la trata de personas.

En un reciente documental de CNN se sugiere que el tráfico en el Sinaí está disminuyendo, pero el nuevo informe lo pone en cuestión. Las cifras no muestran una disminución de los números. Al contrario, el número de mujeres y niños en cautiverio parece ir en aumento. También aumenta el número de personas desaparecidas.

El informe se basa en 104 entrevistas grabadas con la gente en cautiverio. Los rehenes tienen teléfonos móviles con posibilidades de llamadas a cobro revertido para pedir a los familiares que junten el rescate. A través de estas entrevistas directas, el informe expresa la devastación de los rehenes y su petición de que acaben las casas de tortura en el Sinaí.

Mirjam van Reisen es profesor de Responsabilidad Social Internacional en la Universidad de Tilburg, director fundador de Aesores Políticos de Europa Externos (EEPA) en Bruselas y miembro de la Comisión Internacional sobre Refugiados eritreos (ICER).

(Este artículo se puso a disposición a través de InDepthNews, www.indepthnews.info).

Fuente: http://www.palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=19614

MEXICO: Violencia sexual, pan de cada día en universidades

La cometen docentes y personal administrativo, revela estudio

Como un hecho prácticamente cotidiano y que queda en la impunidad, el personal docente y administrativo en las universidades mexicanas comete acoso y violencia sexual contra las estudiantes, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la UNAM.

Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la máxima casa de estudios, dijo que la situación es “alarmante”, ya que los resultados del estudio son sólo un indicador de una situación que priva en las instituciones de educación superior.

Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el sondeo arrojó que de 384 alumnas, 5.2 por ciento afirmaron haber sido acosadas alguna vez por algún profesor, mientras que 6 por ciento de ellas dijeron haber sido acosadas de manera frecuente.

Los resultados del “Diagnóstico sobre la violencia de género”, realizado en cinco universidades de Tabasco, Nuevo León, Chiapas, Sinaloa y el Distrito Federal, se presentaron hoy en el Museo de la Ciencia de la UNAM.

Gloria Ramírez afirmó que en esa universidad se han dado casos graves de violencia contra las mujeres, como el de una profesora que denunció violación sexual y la respuesta de las autoridades académicas fue enviar al profesor violador a un curso.

La investigación, coordinada por la especialista, refleja que en las cinco entidades federativas la mayoría de las y los alumnos encuestados reportaron padecer violencia de sus propios compañeros y del personal administrativo, quienes los maltratan de manera verbal y psicológica.

Las expertas que realizaron los sondeos afirmaron que las mujeres reportan haber sufrido acoso sexual de parte de los profesores, mientras que otras dijeron haber recibido solicitudes de relaciones sexuales a cambio de calificaciones.

La doctora Rosario Martínez, del Seminario Permanente de Formación Docente en Derechos Humanos de la Universidad de Occidente, detalló que en los campus Guasave y Los Mochis de su institución se aplicaron 300 encuestas en cada plantel.

Explicó que un alto porcentaje de universitarias y universitarios (60 por ciento) afirmó haber recibido maltrato por parte de personal administrativo del plantel, 5 por ciento acoso de los profesores, y 7 por ciento condicionamiento para tener altas calificaciones (relaciones sexuales).

Felipa Sánchez, del Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, señaló que en su entidad las y los jóvenes no están exentos de padecer violencia en las instituciones académicas y que los problemas son similares.

Entre las principales denuncias destacan la violencia y discriminación que sufren por parte del personal administrativo y docente. La investigadora precisó que los maestros ejercen actos discriminatorios contra las mujeres, los cuales van desde ignorar sus comentarios hasta las peticiones de favores sexuales.

A lo anterior se suma, acotó Gloria Ramírez, que la impunidad es pan de cada día en la comunidad universitaria, ya que las mujeres “asumen que no va a pasar nada” si denuncian haber sufrido acoso o violencia sexual. Además, agregó, las víctimas no saben a dónde acudir en busca de ayuda.

Por todo lo anterior, las cinco investigadoras urgieron a que se implementen los mecanismos necesarios en las universidades para trabajar contra la violencia de género, y se capacite a los docentes en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género.

Ramírez adelantó que de manera conjunta con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), se realiza un proyecto contra la violencia de género que se presentará a las autoridades académicas a fin de tomar las medidas pertinentes.

http://rotativo.com.mx/

COLOMBIA: Violencia sexual no cesa, advierte Amnistía Internacional

La ONG reveló un informe en el que se señala que la violencia sexual contra la mujer, en el marco del conflicto armado colombiano, continúa siendo uno de los crímenes menos denunciados.

La ONG Amnistía Internacional reveló un informe que señala que los actos de violencia sexual cometidos en el conflicto colombiano no han cesado. Además a la organización le preocupa que algunas de las iniciativas bandera del Gobierno como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Marco Legal para la Paz y el Fuero Militar, permitirían que los victimarios eventualmente reciban amnistías por las violaciones del DIH.

Según Marcelo Pollack, investigador en Colombia de la ONG, “lo que hemos visto es que los niveles de impunidad para los casos relacionados con violencia sexual en el contexto del conflicto son muchísimo más altos que otros casos de crímenes de lesa humanidad”.

Pollack afirmó que Amnistía Internacional decidió emprender esta investigación porque se trata de un tema de mucha importancia que merecía ser estudiado. Para el investigador, el problema no está en la falta de leyes, protocolos, resoluciones o decretos, pues según él, de esas ya hay muchas y algunas son muy buenas.

“El problema con la violencia sexual es que estas iniciativas no son aplicadas efectivamente a lo largo del país. Está muy bien tener estos documentos que ordenan a los funcionarios públicos o a los judiciales hacer ciertas cosas cuando están tratando a sobrevivientes de violencia sexual, pero lo que puede estar pasando en Bogotá no se filtra a las regiones donde la mayoría de los casos que hemos investigado tienen lugar. Está bien tener esas leyes pero si no hay mecanismos efectivos para implementarlas no sirven para mucho”, afirmó el investigador.

El académico señaló que para que exista una solución al problema, el país debería comprometerse con fechas y un programa específico para implementar las recomendaciones de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Así mismo insistimos en que las autoridades apliquen un plan de acción integral en estrecha colaboración con las víctimas y los organizaciones de mujeres, quienes son las que más conocen la problemática y los mecanismos”, dijo Pollack.

Frente a las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno, Pollack dijo que para que Colombia consiga una paz verdadera y duradera, “el respeto a los derechos humanos y la implementación de medidas efectivas para poner fin a la impunidad debe ser la columna vertebral de cualquier negociación entre las partes. Sin ese compromiso y sin medidas efectivas que garanticen el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, no se logrará una paz estable y esto incluye justicia para las sobrevivientes y víctimas de la violencia sexual en el conflicto”.
Las leyes controvertidas

Frente a la ley de restitución de tierras el informe señala que tiene varias deficiencias, y además excluye a ciertas categorías de víctimas.

“La ley se presenta como un mecanismo de justicia transicional, cuando en realidad el conflicto continúa su curso. Como consecuencia, muchas víctimas de abusos perpetrados en el pasado reciente o tras la entrada en vigor de la ley serán excluidas de sus medidas de protección porque tras la presunta desmovilización de los grupos paramilitares a mediados de la década de 2000, se las considera víctimas de bandas criminales y no de las partes del conflicto”, afirma el estudio.

Y agrega que “aunque el Gobierno afirma que ya no existen grupos paramilitares, en realidad estos grupos continúan siendo responsables del mayor número de desplazamientos forzosos del país y de numerosas violaciones de derechos humanos, pese a lo cual muchas de sus víctimas quedarán excluidas de la ley. Además, su impacto podría verse debilitado por varios factores adicionales, como el aumento de las amenazas y homicidios de las personas que hacen campaña por la restitución de las tierras o de quienes regresan a sus tierras”.

Frente al Marco Legal para la Paz, aprobado por el Congreso en junio pasado, el investigador Pollack aseveró que esta iniciativa podría permitir que violadores a los derechos humanos se beneficien de amnistías legales.

“Sean guerrilleros, paramilitares o miembros de la fuerza pública podrían beneficiarse de amnistías, pues le da al poder al Congreso de anular penas en contra de actores armados y además le da la potestad al Fiscal de priorizar unos casos sobre otros, nuestro temor es que eso implique que muchos casos vayan a ser abandonados y no investigados”, explicó.

Así mismo, el académico criticó la iniciativa de Fuero Penal Militar debido a que le va a dar el poder a la justicia militar de decidir cuáles crímenes investiga y cuáles pasan a la justicia ordinaria, “lo que sería un desastre para la impunidad en el país”.
La ley de apoyo a las víctimas

Marcelo Pollack aclaró que ninguna ley ayudará a resolver el problema de la violencia sexual en Colombia completamente, sin embargo afirmó que desde Amnistía Internacional, con el apoyo de los representantes Iván Cepeda (Polo) y Ángela María Robledo (Verde), en el Congreso están presentando un proyecto de ley que enmarca específicamente el problema e igualmente intenta implementar medidas para hacer efectivos los protocolos y leyes existentes.

Esta iniciativa fue presentada por los dos parlamentarios antes mencionados al principio de esta legislatura.

“El hecho de que no se contemple la violencia sexual en la legislación nacional como delito de lesa humanidad implica que no se reconocen como delitos imprescriptibles. Hacemos un llamado al Gobierno para reformar el código penal e incluir los crímenes de lesa humanidad y de guerra como imprescriptibles”, dijo Pollack.
Estos son algunos de los datos revelados por Amnistía Internacional:

El Instituto Colombiano de Medicina Legal realizó en 2011 un total de 22.597 exámenes en presuntos casos de violencia sexual, aunque solo en 72 de ellos se identificó como combatientes a los presuntos autores.

111 indígenas, 45 defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, y al menos 29 miembros de sindicatos han perdido la vida violentamente.

Las fuerzas de seguridad realizaron al menos 38 ejecuciones extrajudiciales. Las minas terrestres, sembradas en su mayor parte por grupos guerrilleros, fueron responsables de la muerte de 20 civiles y de 49 miembros de las fuerzas de seguridad.

Los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario rara vez son investigados efectivamente, y sus responsables casi nunca responden ante la justicia.

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