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COSTA RICA: Regresaran estudiantes desertores con becas

Del Fonabe

jsolano@diarioextra.com

De los 47 mil estudiantes que esperan los subsidios del Fondo Nacional de Becas (Fonabe), los que hayan abandonado el curso lectivo también están en la lista para depositarles el dinero, así lo confirmó Leonardo Garnier, ministro de Educación.

Según el jerarca, la intención de mantenerles la beca es que hay que buscar la forma de que esos estudiantes regresen a los centros educativos.

Garnier dijo que a este momento se desconoce cuántos alumnos podrían haber dejado inconcluso su ciclo lectivo, por lo que espera que esa dinámica no se haya desatado, pero estima que en el caso de los escolares es nulo.

“Yo siento que a nivel de educación primaria la conciencia de los padres de familia es muy alta, y todo el tiempo se les hizo saber a esos padres que si bien había un atraso el giro se iba a hacer completo”, explicó el Ministro.
ENTREGA DE BECAS

El Ministerio de Educación Pública se comprometió a entregar los subsidios en un plazo de tres semanas. El compromiso lo asumió hace 5 días y según el Ministro el pago podría estar listo incluso una semana antes.

La razón es que la apertura de cuentas a los becarios que inició el Banco Nacional avanza muy rápido.

Insistió en que el dinero desembolsado no solo cubrirá los meses de agosto y setiembre sino que será retroactivo de todo el año.

Tras los múltiples conflictos aseguró que trabajan por una estrategia para fortalecer el Fonabe en términos de su capacidad gerencial.

http://www.diarioextra.com/2012/setiembre/26/nacionales22.php

COSTA RICA: Ejercicio ilegítimo de la autoridad parental

Al utilizar ilegítimamente la autoridad parental, la Sala IV desprotege a adolescentes cristian.gomez81@gmail.com

El reconocimiento de las personas adolescentes y jóvenes como sujetos morales con capacidades para tomar decisiones propias es un ejercicio relativamente nuevo y especialmente complejo, cuando se refieren a la salud sexual y la salud reproductiva.

Para este tema pareciera prevalecer, en algunas personas, la idea de que los/as adolescentes no deben ser seres sexuales, con excepción de las personas adolescentes “casadas”, a quienes su condición pareciera les otorga esa posibilidad.

Los hechos ocurridos en torno al Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad, tanto con la insistencia de ciertos sectores sobre la necesidad de que las personas adultas controlen la información y las decisiones, así como parte de la sentencia 10456-12 de la Sala Constitucional, constituyen una limitación respecto al derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva que lesiona la posibilidades de que las personas jóvenes tomen su propias decisiones.

La argumentación utilizada por los detractores del Programa de Educación para la Sexualidad, parte del reconocimiento de la autoridad parental, dentro de los marcos normativos existentes, e insiste en que esa protección legal les da derecho absoluto a tomar decisiones sobre las personas menores de edad, aun cuando estas puedan ser contrarias a las que tomaría un/a adolescente.

El consenso importante respecto al papel de protección que poseen los padres, madres y familias en el desarrollo y bienestar de las personas adolescentes, no supone desconocer la creciente autonomía y libertad en la toma de decisiones que las personas jóvenes adquieren progresivamente conforme aumentan sus capacidades evolutivas, concepto clave de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establece que la protección parental debe ceder ante la capacidad progresiva de los menores de edad para decidir, de manera tal que en el tránsito a la adultez, estos asuman el control de las decisiones sobre su propia vida.

La progresiva autonomía en la toma de decisiones permite afirmar la existencia de ejercicios legítimos e ilegítimos de la autoridad parental. Siendo legítima la realizada sobre aquellas personas menores de edad en razón de la precariedad de su capacidad volitiva y cognitiva, en tanto estas carencias pueden llevarlos a tomar decisiones que los lesionen.

Pero es ilegítima aquella fundada en la negación de su capacidad para tomar decisiones y, por consiguiente, quienes insisten en que las personas menores de edad carecen de condiciones y habilidades para tomar decisiones propias, utilizan ilegítimamente la autoridad parental para desproteger la vida, la autonomía y la dignidad de las personas.

Un claro ejemplo es el caso Gillik vs. West Norfolk & Wisbech Area Health Authority 1985. En él la Corte Inglesa estudió una demanda presentada por una madre de cinco hijas, que consideraba la disponibilidad de métodos anticonceptivos, prevista por una norma jurídica del país, contraria a la Constitución al afectar su potestad parental y convertir a los profesionales de la salud en cómplices de un delito en el caso de menores que no cumplían la edad para consentir relaciones sexuales. La Corte declaró la constitucionalidad de la norma al considerar, entre otros, que lo relevante al momento de ordenar un anticonceptivo a una menor era su madurez e inteligencia y que en el contexto social actual era necesario reconocer que los jóvenes dejaban de estar bajo estricto cuidado parental mucho antes de cumplir dieciocho años. House of Lords (Cámara de los Lores). Gillik vs West Norfolk & Wisbech Area Health Authority. Reino Unido. 1985).

De igual forma, la argumentación de la autoridad parental basada en las creencias religiosas de los padres, madres y familias representa un ejercicio ilegítimo de la norma. Recordamos también que el ejercicio de la libertad religiosa de los padres, madres y familias está protegido por normas y convenciones como componente de la educación de las personas menores de edad. Sin embargo, no se puede utilizar para argumentar la incapacidad en la toma de decisiones, y no puede convertirse en una desventaja para la protección de la salud, la vida y la autonomía, pero sobre todo no puede utilizarse para que una persona adulta adopte decisiones cuyas consecuencias negativas directas, como el detrimento del bienestar y la salud, recaigan sobre un tercero (los/as adolescentes) sin posibilidad alguna de evitarlas.

Finalmente la autoridad parental solo es legítima cuando tiene como fin último coadyuvar a las leyes, normas, decretos, procedimientos y programas destinados a establecer protecciones reforzadas para las personas menores de edad, al contribuir para que las personas menores de edad se sitúen de manera privilegiada frente a otras categorías de ciudadanos y ciudadanas, y que sus derechos sean especialmente protegidos por el Estado, la sociedad y las familias.

De esta forma lo planteado por los opositores y la Sala Constitucional contra el Programa del MEP representa un ejercicio ilegitimo de esa figura jurídica, que olvida las capacidades evolutivas de las personas menores de edad, y se convierte en un factor de vulnerabilidad que propicia la desprotección de los derechos a la salud, la educación, la integridad, la autonomía y la autodeterminación.

Cristian Gómez Ramírez. Coordinador de Programas, Asociación Demográfica Costarricense

http://www.nacion.com/2012-09-26/Opinion/Ejercicio-ilegitimo-de-la-autoridad-parental.aspx

COSTA RICA: Plan impulsa castigo de 16 años de cárcel por trata de personas

Propuesta está en el segundo lugar de la agenda del Congreso

Proyecto pretende crear entidad que defina política pública contra este delito

Dirección de Migración y entidades internacionales piden votar iniciativa

La trata de personas podría tener una pena hasta de 16 años de cárcel cuando el delito se cometa contra menores de edad.

Ana Hidalgo: ‘Hay explotación laboral o sexual’

Así lo plantea un proyecto de ley que está en el segundo lugar de la agenda de los diputados.

La propuesta tiene el expediente 17594 y plantea endurecer las penas y fortalecer los controles del Estado para combatir la trata de personas en el país.

El delito quedó incluido, hace dos años, en la ley contra el crimen organizado. Sin embargo, la Dirección de Migración y Extranjería, organizaciones internacionales en las que participa el Gobierno y otras entidades no gubernamentales, advierten de que es necesario un marco legal que favorezca el combate contra esa actividad.

Para ello, el proyecto de ley plantea crear la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, que en teoría se apoyará en 22 instituciones públicas para impulsar la política del Estado contra la trata de personas.

¿Qué es la trata de personas? La definición del proyecto de ley la explica como la promoción de la entrada o salida del país, o bien el desplazamiento interno de personas, para prostitución, explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, y hasta para esclavitud.

La trata también implica el sometimiento de las personas a trabajos o servicios forzados, a contraer matrimonio contra su voluntad, a la mendicidad forzada, la extracción ilícita de órganos o la adopción irregular de menores.

La definición de trata de personas de la directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez, es más sencilla: “La trata es un delito que especialmente consiste en convertir a las personas en mercancías para lucrarse de ellas”.

En los últimos dos años las autoridades han rescatado a 76 víctimas. Sin embargo, los estudios en poder de Migración revelan que, por cada dos casos detectados, hay 20 que no son visibles.

La preocupación de Rodríguez la comparte Ana Hidalgo, coordinadora de la Unidad contra la Trata, de la Oficina de Costa Rica de la Organización Internacional para las Migraciones.

Hidalgo afirma que el problema de la trata pasa, sobre todo, por el miedo de las víctimas a denunciar, y advierte de que el problema requiere apoyo económico e institucional, algo que en teoría facilitará el proyecto de ley que hace fila en la Asamblea Legislativa.

Respecto al tema económico, el proyecto prevé que, del impuesto de salida del país que pagan los viajeros, se destine $1 a la financiación de los programas que impulse la Coalición contra la Trata.

Sin embargo, a criterio de Hidalgo, hace falta que la voluntad política de los diputados se manifieste en el plenario para que el proyecto de ley quede en firme.

Sobre esta voluntad política, el jefe de fracción del Movimiento Libertario, Carlos Góngora, afirmó que esperan que el proyecto se vote pronto. Lo mismo opinó la legisladora del Partido Acción Ciudadana Carmen Muñoz.

Tocará ahora a los jefes de fracción definir si votan el proyecto esta semana o si queda relegado en la agenda de iniciativas que ellos negocian y sobre las que todavía no hay acuerdo.

Herramientas, multas y penas

¿Qué es la trata de personas? La actividad de promover o facilitar la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre ya sea sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular.

Quiénes la practican: Redes de criminales organizados que participan en transporte o arrendamiento de casas de habitación y locales, con fines de trata de personas; la demanda por parte del cliente explotador de los servicios realizados por la víctima, así como otras actividades que se deriven directamente de la trata de personas.

¿Aumentan las penas? Hay más cárcel en dos sentidos. El castigo máximo por tráfico de menores de edad pasaría a 16 años de prisión cuando se afecte a menores. Actualmente es de 4 años. Además, se pretende aumentar la pena de cárcel, de 4 a diez años, para la trata de adultos. Actualmente está entre 2 y diez años de prisión.

¿Mucha gente? El proyecto crea la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, en la que se involucran 22 instituciones. La secretaría de esta coalición la encabezaría la Dirección de Migración.FUENTE:| Expediente 17594.

http://www.nacion.com/2012-09-25/ElPais/Plan-impulsa-castigo-de-16-anos-de-carcel-por-trata-de-personas.aspx

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