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COSTA RICA: Entrevista con Marielos Hernández, presidenta ejecutiva del PANI: ‘La experiencia nos dice que esto no debería de pasar’

Pese a denuncias de maltrato, tres hermanas ubicadas por la oficina local del PANI en Golfito permanecieron cuatro años en un hogar solidario donde sufrieron posibles abusos físicos y sexuales. En una entrevista con Marielos Hernández, presidenta ejecutiva del PANI: ‘La experiencia nos dice que esto no debería de pasar’

Un caso de abuso sexual que investiga el Ministerio Público involucra a tres niñas colocadas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en un hogar solidario, en Golfito, Puntarenas.

Las menores fueron sacadas del hogar por la Dirección Regional Brunca, en mayo del 2011, luego de detectarse un posible conflicto de intereses ya que el jefe de la oficina local de Golfito era amigo de quien las cuidaba. La presidenta ejecutiva del Patronato conoció de la situación la semana pasada.

La tía de las niñas involucradas en este caso reclama inacción del PANI. ¿Cuándo pusieron la denuncia penal?

El 20 de marzo del 2012. La puso la oficina local de Pérez Zeledón por un supuesto abuso sexual.

Eso es casi un año después de que fueron retiradas las menores del hogar en cuestión.

Sí.

¿Por qué pasó tanto tiempo?

Este es un caso en donde la presidencia exigió un informe detallado de todas las situaciones que han pasado: por qué se escogió ese hogar sustituto, por qué no se actuó antes, etc. He sido tajante y espero que el órgano disciplinario lo tramite lo más pronto posible. Esas han sido las directrices.

¿Cuándo ordenó la investigación preliminar del jefe de la oficina de Golfito, Enrique Gómez?

La ordenamos la semana pasada, cuando yo me di cuenta.

¿Cuando salió la publicación de La Nación sobre este caso?

Yo me doy cuenta, no por la publicación, sino… No sé cómo me doy cuenta porque me pasan un informe. Yo estaba de gira y de inmediato solicito que se abra.

¿Fue una coincidencia en términos de tiempo?

Puede haber sido. Yo no me entero de la publicación, estaba de gira y desde allá doy todas las indicaciones de que me estudien el caso.

Las niñas vivieron cuatro años en el hogar solidario, pese a varias denuncias. ¿Por qué ocurrió esto?

No es lo usual. Por lo tanto, se me debe dar una explicación de por qué se ubicaron ahí y si la oficina tenía conocimiento de las denuncias, por qué no intervino. Yo soy muy clara cuando doy una directriz. Para mí no hay forma de justificarlo.

¿Cuántas investigaciones y procesos disciplinarios se le han hecho a este funcionario?

Hay dos resoluciones. En una fue suspendida por tres días y otra que me tocó a mí resolverla que se suspendió por ocho días. Las razones, en la primera, tenían que ver con quejas de viáticos. La segunda fue por supuestas malas relaciones con algunas personas de la comunidad y la oficina.

¿Es común que un funcionario acumule sanciones disciplinarias sin que se le despida?

La experiencia nos dice que esto no debería de pasar, pero para despedir a un funcionario público hay que tener muy bien estructurado el caso porque está protegido de muchas formas.

Hay evidencias en Facebook de que existe una relación de amistad entre el funcionario en cuestión y la directora regional. ¿Esto no podría interferir a la hora de tomar decisiones correctivas?

Claro. Los vínculos son importantes en la conviviencia laboral, pero cuando ese vínculo me hace subjetivizarme, ahí sí estamos ejerciendo mal nuestra función. Si eso está prevaleciendo, el deber de la persona es decir: ‘me hago a un lado para que se valore la situación’.

¿Tienen evidencias de que exista esa relación?

No tenemos confirmación.

En el Facebook del funcionario también hay una interacción con usted en la cual la invita a tragos a la casa de él y la piropea. ¿Tienen una relación de amistad?

Al señor Enrique Gómez lo he visto una o dos veces. Con él tengo una relación como la puedo tener con cualquier funcionario. A mí me contactan por Facebook muchísimo. Eso no implica que haya una cercanía. Nunca he estado en la casa de don Enrique; tampoco creo que sea una cuestión de la que tenga que defenderme.

¿Le parece apropiado que él se dirija a usted de esa manera, como jueza administrativa que resuelve los casos en los cuales el se ve implicado?

Es algo bastante disfuncional, pero en ningún momento uno le sigue la corriente.

¿Le llamó la atención o le pidió que se abstuviera de este tipo de comentarios?

No le puedo hacer una llamada de atención porque lo hace así... Yo no quisiera que un hecho como este contaminara un proceso como el que se está investigando.

”Para mí, esa es una conducta completamente disfuncional, pero tengo que mantener un posición los suficientemente objetiva para que este funcionario y las personas relacionadas con el caso respondan como deben hacerlo”.

http://www.nacion.com/2012-08-03/ElPais/Marielos-Hernandez—presidenta-ejecutiva-del-PANI—-La-experiencia-nos-dice-que-esto-no-deberia-de-pasar-.aspx

COSTA RICA: Entrevista con Marielos Hernández, presidenta ejecutiva del PANI: ‘La experiencia nos dice que esto no debería de pasar’

Pese a denuncias de maltrato, tres hermanas ubicadas por la oficina local del PANI en Golfito permanecieron cuatro años en un hogar solidario donde sufrieron posibles abusos físicos y sexuales. En una entrevista con Marielos Hernández, presidenta ejecutiva del PANI: ‘La experiencia nos dice que esto no debería de pasar’

Un caso de abuso sexual que investiga el Ministerio Público involucra a tres niñas colocadas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en un hogar solidario, en Golfito, Puntarenas.

Las menores fueron sacadas del hogar por la Dirección Regional Brunca, en mayo del 2011, luego de detectarse un posible conflicto de intereses ya que el jefe de la oficina local de Golfito era amigo de quien las cuidaba. La presidenta ejecutiva del Patronato conoció de la situación la semana pasada.

La tía de las niñas involucradas en este caso reclama inacción del PANI. ¿Cuándo pusieron la denuncia penal?

El 20 de marzo del 2012. La puso la oficina local de Pérez Zeledón por un supuesto abuso sexual.

Eso es casi un año después de que fueron retiradas las menores del hogar en cuestión.

Sí.

¿Por qué pasó tanto tiempo?

Este es un caso en donde la presidencia exigió un informe detallado de todas las situaciones que han pasado: por qué se escogió ese hogar sustituto, por qué no se actuó antes, etc. He sido tajante y espero que el órgano disciplinario lo tramite lo más pronto posible. Esas han sido las directrices.

¿Cuándo ordenó la investigación preliminar del jefe de la oficina de Golfito, Enrique Gómez?

La ordenamos la semana pasada, cuando yo me di cuenta.

¿Cuando salió la publicación de La Nación sobre este caso?

Yo me doy cuenta, no por la publicación, sino… No sé cómo me doy cuenta porque me pasan un informe. Yo estaba de gira y de inmediato solicito que se abra.

¿Fue una coincidencia en términos de tiempo?

Puede haber sido. Yo no me entero de la publicación, estaba de gira y desde allá doy todas las indicaciones de que me estudien el caso.

Las niñas vivieron cuatro años en el hogar solidario, pese a varias denuncias. ¿Por qué ocurrió esto?

No es lo usual. Por lo tanto, se me debe dar una explicación de por qué se ubicaron ahí y si la oficina tenía conocimiento de las denuncias, por qué no intervino. Yo soy muy clara cuando doy una directriz. Para mí no hay forma de justificarlo.

¿Cuántas investigaciones y procesos disciplinarios se le han hecho a este funcionario?

Hay dos resoluciones. En una fue suspendida por tres días y otra que me tocó a mí resolverla que se suspendió por ocho días. Las razones, en la primera, tenían que ver con quejas de viáticos. La segunda fue por supuestas malas relaciones con algunas personas de la comunidad y la oficina.

¿Es común que un funcionario acumule sanciones disciplinarias sin que se le despida?

La experiencia nos dice que esto no debería de pasar, pero para despedir a un funcionario público hay que tener muy bien estructurado el caso porque está protegido de muchas formas.

Hay evidencias en Facebook de que existe una relación de amistad entre el funcionario en cuestión y la directora regional. ¿Esto no podría interferir a la hora de tomar decisiones correctivas?

Claro. Los vínculos son importantes en la conviviencia laboral, pero cuando ese vínculo me hace subjetivizarme, ahí sí estamos ejerciendo mal nuestra función. Si eso está prevaleciendo, el deber de la persona es decir: ‘me hago a un lado para que se valore la situación’.

¿Tienen evidencias de que exista esa relación?

No tenemos confirmación.

En el Facebook del funcionario también hay una interacción con usted en la cual la invita a tragos a la casa de él y la piropea. ¿Tienen una relación de amistad?

Al señor Enrique Gómez lo he visto una o dos veces. Con él tengo una relación como la puedo tener con cualquier funcionario. A mí me contactan por Facebook muchísimo. Eso no implica que haya una cercanía. Nunca he estado en la casa de don Enrique; tampoco creo que sea una cuestión de la que tenga que defenderme.

¿Le parece apropiado que él se dirija a usted de esa manera, como jueza administrativa que resuelve los casos en los cuales el se ve implicado?

Es algo bastante disfuncional, pero en ningún momento uno le sigue la corriente.

¿Le llamó la atención o le pidió que se abstuviera de este tipo de comentarios?

No le puedo hacer una llamada de atención porque lo hace así... Yo no quisiera que un hecho como este contaminara un proceso como el que se está investigando.

”Para mí, esa es una conducta completamente disfuncional, pero tengo que mantener un posición los suficientemente objetiva para que este funcionario y las personas relacionadas con el caso respondan como deben hacerlo”.

http://www.nacion.com/2012-08-03/ElPais/Marielos-Hernandez—presidenta-ejecutiva-del-PANI—-La-experiencia-nos-dice-que-esto-no-deberia-de-pasar-.aspx

COSTA RICA: Inspección Judicial despide a juez ligado a abusos sexuales

Tribunal emitió fallo unánime contra funcionario en audiencia privada

Jueces dijeron que hubo incorrecciones en la vida privada del juez penal de Limón
Imputado enfrenta causa ante Fiscalía por abusos y difusión de pornografía

El Tribunal de la Inspección Judicial revocó el nombramiento del juez penal de Limón, Sixto Solera Chaves, ligado a una denuncia por abusos sexuales contra una menor de edad.

Los jueces Rodrigo Flores, Leda Méndez y Rodrigo Coto emitieron la resolución de forma unánime ayer en la tarde en una sala de juicios de los Tribunales de San José, en una audiencia privada.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial ante una consulta de La Nación.

A Solera se le había abierto de oficio una causa disciplinaria por incorrecciones en su vida privada y afectación a la imagen del Poder Judicial, tras ser denunciado por abusos sexuales.

La madre de la ofendida, quien estuvo presente cuando se leyó la sentencia, manifestó que el Tribunal señaló que hubo pérdida de honorabilidad, credibilidad y confianza del funcionario por los hechos acusados.

“Se comprobó no lo que yo estaba diciendo, sino lo que ocurrió. Las evidencias lo prueban. Esta sentencia no me va a reparar los daños que él le hizo a mi hija. Yo deseaba gritar que, por fin, alguien me creía”, manifestó la mujer.

Ahora, el funcionario tiene tres días hábiles para apelar la resolución ante el Consejo Superior, por lo que el fallo aún no está en firme.

Los jueces ordenaron, además, suspender a Solera del cargo con goce salarial por tres meses como medida cautelar, mientras se resuelve la apelación.

Un peón de 67 años, que declaró hace dos semanas en esta causa contra el juez penal, fue baleado tres días después . Se investiga si se trató de una venganza.

Otras causas. La Inspección tramita otras seis causas administrativas contra Solera por varias faltas. En una de las causas se determinó que las computadoras asignadas al juez contenían gran cantidad de imágenes pornográficas .

Por su parte, la Fiscalía prepara una acusación por tres delitos de abuso sexual contra menor de edad, cuatro de corrupción agravada, dos de producción y cuatro de difusión de pornografía, ocurridos entre el 2007 y el 2010.

Solera fue presentado el 23 de diciembre del 2010 ante una jueza de Guápiles como imputado por abuso sexual de una menor, vecina de la misma zona, y le impusieron varias medidas cautelares durante un año, en razón de la probabilidad delictiva y peligros de fuga y obstaculización.

Se le ordenó mantener un domicilio fijo y presentarse a firmar cada 15 días en el Juzgado Penal de Limón; además, se dictó impedimento de salida del país, y que no se comunicara, amenazara o molestara a la víctima o testigos.

Por otro lado, le prohibieron utilizar su correo electrónico de trabajo para enviar imágenes, documentos o videos con pornografía, así como conocer, resolver o fallar sobre algún asunto en el que se esté investigado, juzgando o resolviendo un delito sexual.

Con esas dos últimas medidas cautelares, el Consejo Superior determinó que Solera había perdido la condición indispensable para ser juez.

El 23 de noviembre de ese mismo año, el Consejo acordó suspenderlo, en vista de que la Inspección Judicial abrió la causa disciplinaria.

Sin embargo, en febrero del 2012, la Secretaría de la Corte Plena pidió a la Dirección Ejecutiva analizar de qué forma Solera podría desempeñar sus funciones para retribuir el salario que recibía al estar suspendido. El 22 de marzo, se le autorizó que resolviera expedientes del Programa contra el Retraso Judicial.

http://www.nacion.com/2012-08-02/Sucesos/inspeccion-judicial-despide-a-juez—ligado-a-abusos-sexuales.aspx

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