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COSTA RICA: Plantean reforma para sacar bebés de cárcel

Pretenden cambiar penas a madres recluidas

Más de un millón y medio de niños, niñas y adolescentes tienen a sus padres privados de libertad en América Latina y el Caribe, según un estudio revelado en el Congreso Internacional sobre criminalidad y sistemas de Justicia Penal; nuestro país no se escapa a esa realidad.
El impacto del encarcelamiento en los menores es antes, durante y después de que sus progenitores se encuentran en esa condición, ya que los estigmatiza y afecta psicológicamente en su desarrollo social.
Dos de las propuestas dadas a conocer por María Noel Rodríguez, coordinadora del Equipo de Reforma Penitenciaria de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fueron: “En la medida de lo posible evitar o reducir el encarcelamiento de los padres pero si esto no fuera viable trabajar en el mejoramiento del bienestar y las condiciones de los niños, ya sea que estén junto a sus familiares en prisión o permanezcan al cuidado de otras personas o instituciones en el medio libre”.

SOLUCIONES EXPUESTAS PARA LA REGIÓN

Un grupo de reglas denominadas “de Bangkok” están dirigidas a las mujeres infractoras, pero también a los varones, en la medida que algunas normas alcancen a reclusos de ambos sexos, por ejemplo, las relativas a las responsabilidades maternas y paternas, algunos servicios médicos, entre otros.
Este es el primer medio que visibiliza a los hijos de las personas privadas de libertad y se refiere a la necesidad de atender y analizar el impacto del encarcelamiento en ellos, tomando en consideración los roles que asumen las mujeres, la carga familiar y el tipo de delito que cometen.
Un principio de las reglas es que las mujeres no deben ser privadas de libertad sino a sanciones de base comunitaria, esto podría ser también aplicable a los hombres, recurriendo a las medidas alternativas de cada país. Asimismo utilizar la prisión preventiva de forma exepcional y limitada para no perjudicar a los más pequeños y evitar el hacinamiento carcelario.
También el reglamento indica que el trato a las mujeres embarazadas o con niños que dependen de ellas siempre debe priorizarse el uso de medidas no carcelarias, se pueden tomar como opciones el arresto domiciliario, o la asistencia parcial a centros de confianza.

EL SISTEMA EN COSTA RICA

El Periódico de Más Venta en Costa Rica habló con María de los Ángeles Cháves, directora del Centro Institucional El Buen Pastor, ella indicó que: “Dentro de las fortalezas de nuestro sistema es que hemos girado políticas específicas para la atención de las mujeres, el hecho que tengamos un espacio de casa cuna 0 a 3 años es una gran posibilidad para el óptimo desarrollo de los niños”. La jerarca del centro penal añadió que se debe pensar que como institución se encuentran con la dificultad de que las mujeres continúen con el registro de antecedentes penales por tantos años (10), ya que eso no permite que puedan insertarse en el mercado laboral. “Seguimos reproduciendo los roles de que las mujeres salgan al cuido de los hijos (que es muy importante), pero que al no poder trabajar en una empresa privada con un salario digno, limita mucho las oportunidad que tengan una vez que estén afuera o cuando tengan un régimen más abierto”, manifestó Chávez.

LA ANGUSTIA DE LOS TRES AÑOS

Con respecto a los niños, cuando no tienen dónde ir al cumplir los tres años, la directora de El Buen Pastor asegura que es una problemática social porque no solamente es el hecho de que las madres estén recluidas, sino también afuera son jefas de hogar y tienen que asumir toda la responsabilidad de los hijos y eso lo intentan controlar desde la cárcel.
“Tenemos una reglamentación en cuanto a la visita íntima y la Sala Constitucional ha sido clara en indicar la libertad sexual. Antes cuando hablábamos de visita conyugal se limitaba a cuando hubiese un vínculo afectivo entre la pareja para fortalecer la familia, después de la reforma donde la Sala dice que la visita íntima es la libertad que yo tengo de tener una pareja sexual, se complica un poco estar seguros de la estabilidad de un niño que nazca dentro del centro penal”, dijo.
Chávez agregó: “Hay toda una política a nivel del área médica de planificación, de diferentes métodos para que ellas no queden en estado de gestacion, lógicamente alguna si va a ser mamá, además si una mujer no tiene hijos y se presenta la oportunidad no podemos limitarla”.
Según las autoridades de El Buen Pastor las mujeres siguen con la guarda y crianza de los niños, y no es como si estuvieran en un albergue, indican que la casa cuna no puede semejarse a un hogar del Patronato Nacional de la Infancia, porque las mamás siguen siendo las personas responsables y encargadas.
Casa cuna tiene una capacidad para 41 niños y 38 madres, esto porque hay tres dormitorios para madres con dos niños. Cada cuarto es independiente, es un módulo dentro de la prisión pero no se mezcla con el ordinario y permanecen ahí hasta que el niño egrese a los tres años.
Al consultarle al PANI sobre la cantidad de niños que salen del centro penal para quedar en un proceso de adopción a falta de familia que responda por ellos, la institución respondió: “No tenemos informacion tan específica. Sobre el seguimiento a las situaciones de riesgo o vulnerabilidad cada oficina local del PANI brida la atención requerida y aplica el proceso especial de protección. En términos generales, cuando los niños cumplen los tres años y no tienen familiares que las apoyen en el cuido se tiene el Hogar Santa María que es una ONG que el PANI subsidia. Se coordina y atiende según la situación familiar de cada una de las madres y sus hijos.

gerin.portilla@diarioextra.com
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COSTA RICA: Padres de Yereling encaran imputado

Durante audiencia de apelación de sentencia, San Ramón

Hellen Calvo y Jorge Guzmán, padres de Yereling Guzmán, quien desapareció en su vivienda ubicada en calle La Rinconada, en Santa Rosa de Santo Domingo, Heredia, encararon al único acusado y le exigieron devolverla o decir dónde la tiene.
La petitoria se dio la mañana de este martes en los tribunales de Justicia de San Ramón de Alajuela durante la audiencia de apelación de la sentencia de 25 años de cárcel por los delitos de abuso sexual y sustracción de la menor.
Los jueces le dieron la oportunidad de referirse a la etapa del proceso, situación que aprovechó Hellen, quien se sentó a la par de la fiscal, agarró el micrófono y dijo:
“Pido todo el peso de la ley contra el imputado, tengo culpa en algunas cosas, sin embargo estoy tranquila porque el único que estaba con la niña era Alejandro”, enfatizó.
Por su parte, Jorge Guzmán, agregó que desea saber el paradero de su hija.
“Qué nos diga dónde está la bebé, es mi hija y daría la vida por ella. Si no tiene nada que ver en el asunto que lo demuestre”, agregó.
El imputado identificado como Alejandro descuenta prisión preventiva en la cárcel de San Sebastián, al encontrársele culpable de llevarse el pasado 11 de julio del 2014 a Yereling sin que hasta ahora se sepa su paradero.
Rafael Rodríguez, abogado de Alejandro, expuso durante 15 minutos el recurso con el fin de convencer al Tribunal que la sentencia de su representado fue dictada contraria a derecho.
“El recurso va enfocado en la variación de los hechos, la falta de parcialidad del tribunal y una valoración de la prueba para que se haga un análisis fáctico. Confiamos que se haga una valoración objetivo que se determine que no se demostró la culpabilidad de Alejandro”, explicó.
Rodríguez agregó que el Tribunal deberá dictar una resolución antes de que se cumpla la prisión preventiva en el mes de diciembre.
“La resolución puede establecer la nulidad del proceso, una variación de fundamentación, un nuevo juicio o la libertad del imputado. Alejandro está tranquilo, siempre ha manifestado ser inocente y se le acusa haber estado mucho tiempo en la casa, pudo haber tenido otra oportunidad para hacerlo”, detalló.

300 LLAMADAS

El Ministerio Público aseguró en su exposición que la sustracción se dio a las 7 p.m. y que 15 minutos después Hellen llamó a Alejandro y éste no contestó a 300 llamadas que le hicieron, según la acusación.
“Yereling y sus dos hermanos estaban vulnerables, por lo que solicitamos rechazar la apelación de la defensa y que la condena está acorde a la gravedad de los hechos. Los testigos fueron contundentes, la exnovia del imputado encontró pornografía en el celular que Alejandro le prestaba a Yereling, que la metió al baño y la niña salió asustada”, explicó.
Ambas partes serán notificadas en las próximas semanas de la resolución del tribunal.

mestrada@diarioextra.com
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COSTA RICA: Diputados ya no sancionarían "bullying"

Los diputados quieren detectar y detener hasta donde sea posible el “bullying” o acoso escolar en los centros educativos públicos y privados del país.

No obstante, no buscarán establecer sanciones a los agresores, sino brindar apoyo psicológico para modificar conductas y mermar los casos. Para ello, discuten un proyecto en la Comisión Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia bajo el Expediente 19339.

El diputado William Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), propulsor de la iniciativa, explicó que uno de los objetivos es que los centros educativos tengan registros de lo que sucede cuando se presentan casos de “bullying”.

“Los centros educativos, públicos o privados, deberán llevar un expediente de los casos que conocen sobre el acoso escolar. Estos expedientes estarán en custodia de las autoridades de cada centro educativo”, señaló Alvarado.

El texto del proyecto explica que cada expediente contendrá las declaraciones, prueba física o digital recabada, testimonios y cualesquiera documentos surgidos en la investigación, que sean de interés para las partes. Dichos expedientes estarán protegidos por el principio de confidencialidad.

Las denuncias serán atendidas de la forma más expedita posible, por juntas u organizaciones que velen por el tema.

El proyecto define el concepto de ''bullying’' como la conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, manipulación, insultos, el uso de la fuerza, las ofensas la discriminación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o cualquier forma de maltrato psicológico, físico, verbal o por medios electrónicos y de comunicación, incluido el ''ciber-bullying’' contra un niño, una niña, un adolescente o una persona joven, por parte de un estudiante.

Este se puede presentar en diferentes formas, como: físico, verbal, psicológico, cibernético, social y sexual.

Si bien el proyecto establecía sanciones en un inicio, como suspensiones o amonestaciones orales y por escrito, diferentes criterios de profesionales en el tema, les recomendaron a los legisladores no incluirlas, ya que sería pagar con la misma moneda a un menor o joven que si bien realiza el papel de agresor, es muy probable que también sean agredidos.
“Buscamos brindar una atención profesional y psicológica tanto al estudiante agredido como al agresor y no establecer sanciones como tal”, explicó el legislador.

“Esa atención así como puede ser individual, también puede ser masiva o grupal donde el MEP establezca programas para atacar el problema de forma grupal”, agregó el socialcristiano.

Esto obligaría al Ministerio a tener personal adecuado y preparado para atender los casos.

Según Alvarado, los datos del MEP arrojan que en los últimos 5 años, 21 niños y jóvenes menores de 18 años se suicidaron por ser víctimas de ''bullying’' en sus centros educativos.

Además, el año pasado se reportaron 130 denuncias por matonismo en las escuelas y colegios.

La iniciativa aún se encuentra en la comisión, donde se discuten varias mociones; los diputados esperan que el proyecto pueda ser aprobado antes de que finalice este año.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/43529/419/diputados-ya-no-sancionarian-bullying-

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