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BRASIL: Asesino y violador de adolescente paraibana es condenado a 34 años de prisión

Una vez concluido el juicio al final de la tarde del pasado martes, 18 de agosto, Leonio Barbosa de Arruda, de 24 años, reo en el proceso núm. 0002591-88.2012.815.0981, acusado de violar, matar y ocultar el cuerpo de Ana Alice de Macêdo Valentím, (entonces con 16), fue sometido a Jurado Popular y condenado a 34 años y cuatro meses de prisión.

El juzgamiento se llevó a efecto inéditamente, en el Pleno de la Casa de Veneziano Vital do Rego, del Concejo Municipal de Queimadas, Estado de Paraíba, siendo acompañado por decenas de personas.

La joven militante del Polo Borborema desapareció el 19 de septiembre de 2012, cuando regresaba de la escuela, después de haber sido obligado a entrar en el coche del criminal y llevada a una finca donde el agresor trabajaba como vaquero. La adolescente fue violada, asesinada y su cuerpo fue enterrado en una fosa poco profunda, cerca del lecho de un arroyo en la ciudad de Caturité.

El Jurado, estaba formado por siete personas, dos hombres y cinco mujeres, quienes se reunieron a las 16:15 del día 18. A las 16:45, el juez titular del primer Juzgado Mixto de Queimadas, Antonio Gonçalves Ribeiro Junior, leyó la sentencia, que determinó una pena de 24 años por el delito de asesinato, ocho años por el delito de violación y dos años y cuatro meses por ocultar el cadáver, totalizando una sentencia de 34 años y cuatro meses de prisión en régimen cerrado.

A pesar de la condena impuesta al reo está dentro de las expectativas de los tres abogados que actuaron en la acusación, Claudionor Vital, Jairo Oliveira y José Ricardo Pereira, el resultado del juicio no gustó a la familia de Ana Alice: “Estoy insatisfecha, mi hija fue castigado de nuevo. Hemos perdido otra vez porque no se consideró el valor que tiene una vida. Porque creo que una vida es muy valiosa, sobre todo, la vida de una joven de 16 años, que estaba empezando a vivir, un sueño proyectado hacia el futuro. Y entonces nos preguntamos: ¿30 años pagan esta vida? “, se desahoga Angineide Macedo, madre de Ana Alicia, después de conocer la sentencia. El criminal fue enviado de nuevo a la prisión de máxima seguridad PB-1 en João Pessoa, capital de Paraíba, donde estaba encarcelado a espera de juicio y donde cumplirá su condena. Salió del recinto bajo los gritos de la gente: “¡Asesino! ¡Asesino! “.

El juicio tuvo lugar casi tres años después de la fecha del crimen, que ganó repercusión en todo el estado debido a los esfuerzos del Comité de Solidaridad con Ana Alice, formado poco después de la desaparición de la joven, integrado por organizaciones sociales rurales y urbanas. Ellas han unido fuerzas para ayudar a resolver el crimen e identificar a los responsables, asumiendo la lucha por el castigo de este y otros delitos de violencia contra las mujeres en la región.

El local del jurado fue protegido con fuertes medidas de seguridad. Desde las primeras horas de la mañana, un grupo de mujeres realizó una vigilia silenciosa frente al edificio de la Cámara, portando mantas, pancartas, cruces negras y capullos de rosa rojos. Un grupo de jóvenes hizo un grafiti en una de las paredes cercanas al lugar, con la cara de Ana Alicia. Un segundo grupo de mujeres distribuyó panfletos en los semáforos del centro de la ciudad y exhibieron mantas, pancartas y un gran panel de tela con la cara de la joven.

El trabajo comenzó a las 9:30 am, con la audiencia de dos testigos, Antonia Rodrigues de Souza, que también había sido víctima del acusado, sobrevivió a la agresión y denunció. También fue escuchada, Angineide, la madre de la víctima. Otros cuatro testigos, todos presentados por la acusación, fueron desestimados por el Ministerio Público. La defensa del reo no interrogó a los testigos. Tras la presentación de los testimonios, el acusado fue llevado a la plenaria para declarar. Arruda optó por guardar silencio al ser interrogado por el juez y una de las juradas. Después de este momento, se iniciaron las discusiones entre acusación y la defensa. La tesis de la defensa, presentada por el abogado Marcio Bandeira, fue negar la autoría del crimen, alegando que la confesión del acusado fue obtenida mediante tortura. Lo que fue refutada por la parte acusadora, basada en un informe sobre traumas, del Instituto de Traumatología de Medicina Legal (IML), que demuestra que el acusado no sufrió ninguna tortura.

Representantes del Comité Ana Alice hicieron una evaluación positiva de los resultados de este caso, aunque son conscientes de la necesidad de mantener al Comité activo y vigilante para que el criminal cumpla la pena íntegramente y entrar en acción en nuevos casos. El Comité ya se está preparando para acompañar al jurado por el crimen cometido contra Antonia Rodrigues: “La condena del acusado reafirma que los crímenes contra las mujeres ya no pueden permanecer impunes. No se puede permitir que la muerte violenta de niñas y mujeres sea vista como algo natural o inexistente. Hay que considerar la violencia contra las mujeres como eventos atípicos, como expresión de prácticas crueles a ser frenadas con toda la fuerza de la ley”, expresó Madalena Medeiros, del Centro de Acción Cultural (Centrac), una de las entidades que conforman el Comité.

Recuerde caso

El 19 de septiembre de 2012, la adolescente de Queimadas, Ana Alice Macedo Valentín, joven agricultora militante del Polo Borborema, fue abordada cuando regresaba a casa después de la escuela, siendo violada y violentamente asesinada con tan solo 16 años de edad. Su cuerpo fue enterrado en una finca en la zona rural del municipio de Caturité. Para la familia, la adolescente permaneció desaparecida durante casi 50 días, cuando en las inmediaciones de la comunidad, otra mujer joven desapareció, Antonia Rodrigues de Souza, que fue encontrada al día siguiente, con las marcas, contusiones y la amputación parcial de la oreja derecha. Todavía muy perturbada por tan gran violencia, ella pudo reconocer a su torturador (y vecino), Leonio Barbosa de Arruda, un vaquero, de 21 años de edad.

Arruda fue detenido y confesó el crimen en contra de su vecina y contra Ana Alice. Confesó, incluso en este último crimen, no actuó solo, se contó con la ayuda de un cómplice, que en ese momento era menor de edad. Sin embargo, ellas no fueron las únicas víctimas. En febrero de 2012, al salir de un baile de carnaval, él había atacado a su primera víctima. Blandiendo un arma, obligó a una joven de Boqueirão a entrar en su coche y la violó. Días más tarde, después de testificar el primer caso en la comisaría de policía de esta ciudad, intentó hacer una nueva víctima, una adolescente de 14 años, que tuvo suerte, cuando un amigo la liberó.

http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=86211

MEXICO: Van 3 denuncias contra párrocos

Con la denuncia contra Alfredo Campos Sancén, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en Mixquiahuala, suman tres averiguaciones previas por presunta responsabilidad en delitos de índole sexual e, incluso, vínculos con el crimen…

Con la denuncia contra Alfredo Campos Sancén, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en Mixquiahuala, suman tres averiguaciones previas por presunta responsabilidad en delitos de índole sexual e, incluso, vínculos con el crimen organizado en las que fueron inmersos, desde 2010, ministros de culto religioso en Hidalgo.

Antes de Campos Sancén, quien fue detenido el pasado 12 de agosto acusado de violencia sexual cometida en 2011, 2013 y 2015 en agravio de tres personas, una de ellas menor de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público (causa penal 116/2012) el sacerdote de Tlahuiltepa, Reynaldo Chávez López, entonces de 51 años, por los delitos de violación, cometido en agravio de una menor, y de estupro, en contra otra mujer, el 2 de diciembre de 2012.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), en octubre de 2010 se inició la averiguación AP/PGR/PACH/I-V/752/2010 para indagar el origen del dinero utilizado para la construcción del Centro de Evangelización catequesis Juan Pablo II, ubicado en la calle Álamos de la colonia El Tezontle, luego de que la placa conmemorativa hiciera pública una supuesta donación de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o Z-3, el exmilitar y narcotraficante hidalguense que lideró a Los Zetas hasta su muerte en octubre de 2012, en Coahuila.

Por este caso, Hugo Valdemar, vocero de la arquidiócesis primada de México, pidió a la fiscalía no hacer distingos.

http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=325947

COLOMBIA: “Denuncias puntuales” sobre abusos a niñas indígenas

Con 12 años, Marisol Huetoto salió a la madrugada de su casa y nunca volvió: fue violada y brutalmente asesinada. Sus padres pusieron la denuncia ante el cabildo, pero no pasó nada.

Diana Perafán, líder indígena, señala que a Marisol la atacaron cinco individuos, entre ellos un concejal del municipio de Caldono. En el resguardo “todos lo saben” pero nadie habla. Con 11 años, Aida Lucía fue abusada por su profesor. Quedó embarazada y el agresor la obligó a abortar. El cabildo se enteró de ambos delitos y la joven víctima, por haber guardado silencio, recibió el mismo castigo que su atacante. A otra niña de nueve años la violó un conocido. Su familia lo denunció ante el gobernador indígena quien “lo dejó escapar… está libre, nadie ha hecho nada”.

Estos tres casos presentados en el espacio de televisión Séptimo Día ya justificarían un debate sobre una jurisdicción que permite que abusadores de menores sean juzgados por vecinos, amigos o aliados políticos. El programa ha recibido, desde diferentes resguardos, “decenas de denuncias de violación sexual contra menores perpetrada por indígenas”, la mayoría enviadas por los padres de las víctimas.

A los versados en minorías étnicas no los desvelan estos incidentes. “Son casos aislados… la comunidad tampoco es boba” afirmó el encargado de asuntos indígenas del Ministerio del Interior. Otro experto académico, César Rodríguez, anotó que esas “denuncias puntuales” fueron una manera curiosa de “celebrar el día mundial de los pueblos indígenas”. Como si importara más una efemérides que las niñas violadas. La declaración predecible, acartonada e inconsecuente de un consejero indígena de que los abusos contra menores “deben ser atendidos con todo el peso de la ley” le bastó para silenciarlas, pasar a temas serios como la tierra, el conflicto armado o la corrupción y desacreditar el reporte por “fallas investigativas y periodísticas”.

Parecería que revelar irregularidades o delitos de minorías étnicas exige ser indigenista y conocer a fondo todos los variados entornos de los autores para entenderlos sin caer en generalizaciones fáciles. Las menores víctimas, o el sufrimiento de sus familias, son daño colateral, y quienes visibilizan los abusos, o se preocupan por ellos, se pueden descalificar por derechistas que aún no superan la mentalidad colonial.

Para las personas afectadas, lo que debe corregirse es elemental: “la madre de la víctima exhorta más castigo… otras temen que el violador reincida con sus hijos”. Pero las autoridades indígenas ya asimilaron la retórica que racionaliza la impunidad. Cuando la Fiscalía investigaba los abusos de un padrastro contra una infante de cinco años, la gobernadora solicitó resolverlos en su jurisdicción: “el contexto social para justificar el comportamiento (del agresor) es inherente a la etnia y tiene explicaciones sociológicas en la parte entrañable del cabildo”. El anuncio de la débil respuesta fue más esotérico, “sensibilizar al agresor con los médicos ancestrales y, si fuese el caso, aplicar fuete con ortiga como rito de limpieza espiritual”. Con sanciones casi simbólicas, la justicia indígena contribuye a que los ataques contra las niñas no se denuncien y se perpetúen. Esta observación no es etnocentrismo sino sentido común, lógica profana sin aditivos.

Más de 100 incidentes de violencia sexual contra mujeres indígenas menores de 12 años han llegado al Consejo Superior de la Judicatura para resolver conflictos de competencias, y todos han sido remitidos a la justicia ordinaria. La realidad del abuso impune sobre niñas en las minorías étnicas está bien lejos del escenario idealizado por los expertos y la Corte Constitucional, aún opuesta a que estos crímenes los atienda una justicia, si no ejemplar, más severa. El argumento para devolver los casos a la justicia indígena es que con “los parámetros de diversidad que resultan acordes con sus usos y costumbres” se defienden mejor los derechos de las menores.

“La reverencia por los mitos de los otros es una patología de la intelectualidad moderna”, anota Moisés Wasserman: mientras se combaten las taras de la tradición cristiana, se defienden o se ignoran actitudes basadas en otros mitos ancestrales. Tal incoherencia resulta demasiado costosa para las víctimas, sobre todo cuando son pre adolescentes vulnerables e inocentes. La etnia o la raza pueden ser pertinentes para políticas de discriminación positiva. Pero negarles a unas niñas la protección de varios derechos fundamentales simplemente porque nacieron indígenas no es más que una forma camuflada de racismo o, para los puristas, “etnicismo”.

http://www.elespectador.com/opinion/denuncias-puntuales-sobre-abusos-ninas-indigenas

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