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HAITI: En guerra contra la violencia sexual

Haití está en marcha para introducir grandes reformas a su Código Penal, con la finalidad de facilitar que se haga justicia en los casos de violaciones a mujeres. Las enmiendas al código penal definirán con precisión el delito de agresión sexual de acuerdo con el derecho internacional, legalizarán ciertos tipos de abortos en casos de embarazos por violación y castigarán los abusos dentro del matrimonio.

Los cambios también ordenan la asistencia legal financiada por el Estado a las víctimas que no puedan pagarla y prohíben por primera vez en la ley haitiana la discriminación por “orientación sexual”.

“Creo que es un momento emocionante”, dijo Rashida Manjoo, relatora especial de las Naciones Unidas sobre Violencia Contra las Mujeres, en una conferencia sobre las reformas celebrada en febrero. “Es un pequeño comienzo con el Código Penal, pero es un buen comienzo”.

Abogados y activistas en la conferencia analizaron un borrador de tres páginas sobre las reformas, y expresaron su confianza en que el parlamento las aprobará este año.

Pero Manjoo alertó que la ley no podrá ser plenamente implementada sin un adecuado financiamiento de donantes y sin la colaboración de la población.

En los tres años que pasaron desde el terremoto de 2010, el problema de la violencia sexual se agravó en este país. Medios internacionales se refirieron a una “epidemia de violaciones” en los campamentos de desplazados por el sismo, que abundan en Puerto Príncipe.

Un estudio elaborado en 2012 por una coalición de grupos legales y de mujeres concluyó que al menos una integrante de 14 por ciento de las familias desplazadas fue víctima de un ataque sexual.

Mejoras a nivel comunitario

Mientras, ciudadanos, policías y abogados intentan combatir la violencia contra las mujeres a nivel de las comunidades. En algunos campamentos, los desplazados formaron brigadas de seguridad.

Un informe de la coalición de solidaridad haitiana Poto Fanm+Fi concluyó que esas brigadas son de hecho más efectivas que las patrullas de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas.

En todas las estaciones de policía de la capital ahora hay funcionarios capacitados para recibir y asistir a víctimas de agresiones sexuales, explicó a IPS la coordinadora para Asuntos de las Mujeres de la Policía Nacional Haitiana, Marie Gauthier.

Sin embargo, “ahora lo que necesitamos son vehículos para trasladarnos rápidamente y arrestar al perpetrador”, añadió.

Las víctimas de la violencia sexual muchas veces apelan al apoyo moral y humanitario brindado por el grupo de mujeres KOFAVIV.

El terremoto destruyó la sede central de la organización, desplazando a sus fundadoras a una tienda de campaña. Pero luego estas lograron asegurarse apoyo financiero de donantes, incluso del gobierno de Estados Unidos, lo que les permitió acceder a un edificio de dos pisos y expandir sus programas.

Mujeres llegan de cada rincón de Puerto Príncipe para participar de reuniones semanales en las que víctimas de ataques sexuales pueden estrechar los lazos y compartir información.

A los tribunales llegan cada vez más casos de violaciones, según la firma legal Bureaus des Avocats Internationaux (BAI). Casi un tercio de los juicios en el verano boreal pasado en la corte de Puerto Príncipe fueron por cargos de violación. Trece hombres fueron condenados.

“Esto es muy significativo, considerando que hace apenas 10 años casi ningún caso era procesado”, dijo a IPS la abogada Nicole Phillips, de la BAI, añadiendo que se trataba de un “enorme paso adelante”.

Antes, los jueces pedían a las víctimas que presentaran certificados médicos en un lapso de entre 48 y 72 horas demostrando que habían sido violadas. Pero era difícil o imposible obtenerlos, debido al estigma, el trauma y los costos económicos.

“Los juicios se están volviendo más sofisticados”, dijo Phillips. Los tribunales ahora dependen más de testigos expertos y profesionales médicos. La abogada elogió a los jueces y a la policía en Puerto Príncipe por tomarse más en serio las acusaciones de violación.

Lo que falta por hacer

Pero los progresos de Haití en el combate a la violencia contra las mujeres afrontaron una gran prueba a inicios de este año.

Cuando Marie-Danielle Bernadin les dijo por primera vez a sus amigos más cercanos que había sido violada por su jefe, el presidente del Consejo Electoral, Josue Pierre-Louis, todos le aconsejaron que abandonara el país.

“¿Dónde vas a obtener justicia aquí? No presentes la denuncia. Simplemente vete”, recuerda que le decían.

“Pero yo no puedo mantener algo así oculto”, dijo a IPS, en entrevista exclusiva. “Cuando alguien te golpea, te viola y todo se termina. ¿Simplemente puedes guardártelo? Eso me volvería loca”.

Bernadin acudió a la policía en noviembre de 2012, poco después del incidente, y denunció que Pierre-Louis, uno de los hombres más poderosos del país, la había violado luego de que ella le cuestionó que tuviera fotografías de mujeres desnudas en su teléfono celular.

Pierre-Louis negó las imputaciones de su asistente y en cambio la acusó de “espionaje”.

En una audiencia preparatoria de enero pasado, partidarios de Pierre-Louis se manifestaron frente al tribunal con carteles.

Cinco días después, Bernadin retiró los cargos. En un comunicado, señaló: “Decidí retirar la acusación. pero reafirmo que fui golpeada y violada por Josue Pierre-Louis”.

Bernadin indicó que fueron los meses más difíciles de su vida, y señaló que partidarios de Pierre-Louis intentaron silenciarla de diversas formas. A su padre le ofrecieron un empleo en el exterior, su familia en Estados Unidos recibió amenazas telefónicas y circuló en Internet una foto falsa de ella con la intención de calumniarla.

http://www.180.com.uy/articulo/31973_Haiti-en-guerra-contra-la-violencia-sexual

MEXICO: Detienen a propietaria de bar por trata de personas en Chiapas

La PGJE detuvo en Chiapas a Yesenia Trinidad Cigarroa, propietaria de un bar en la ciudad de Pijijiapan donde en mayo de 2012 fueron rescatadas cinco mujeres y un hombre, todos menores de edad.

Elementos de la Procuraduría de Chiapas detuvieron a Yesenia Trinidad Cigarroa, propietaria de un bar en la ciudad de Pijijiapan donde en mayo de 2012 fueron rescatadas cinco mujeres y un hombre, todos menores de edad, víctimas de una red de trata de personas.

De acuerdo a las investigaciones, los jóvenes fueron enganchados en Cuautepec Hidalgo, con la promesa de conseguir un empleo digno, sin embargo, al llegar al estado de Chiapas fueron obligados a ejercer la prostitución.

Cabe destacar que durante el operativo de rescate realizado en mayo de 2012 los efectivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron al encargado del bar “Tía Concha”, Luis Eduardo Trinidad Ramírez. Este sujeto fue señalado por las víctimas como el mismo que con engaños los trajo al municipio de Pijijiapan. Durante su declaración ministerial, una de las jóvenes reveló haber sido enamorada por Trinidad Ramírez, quien le prometió casarse con ella si accedía viajar a Chiapas. Al encontrarse en el bar, las menores perdieron comunicación con sus familiares, luego de que el tratante de personas en complicidad con la propietaria del bar les quitó sus teléfonos celulares y el dinero que traían consigo. Además, fueron obligadas a vestir prendas “provocadoras” con la intención de llamar la atención de los clientes del lugar, con quienes debían consumir bebidas embriagantes.

http://www.excelsior.com.mx/2013/03/08/887994

ARGENTINA: Más de 600 niños fueron apartados de sus hogares por protección

El Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (Reuna) informó hoy que 615 niños menores de cuatro años tuvieron que ser apartados de sus hogares en 2012 por las autoridades bonaerenses como último recurso para proteger sus derechos. El total de niños y niñas indica una reducción de 7% respecto de 2011, cuando hubo 661 casos.

Seiscientos quince niños menores de cuatro años tuvieron que ser apartados de sus hogares en 2012 por las autoridades bonaerenses como último recurso para proteger sus derechos, informó hoy el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (Reuna).

El ente oficial de la provincia de Buenos Aires indicó que ese total de niños y niñas indica una reducción de 7% respecto de 2011, cuando hubo 661 casos.

En cuanto a la prevalencia de derechos vulnerados por los cuales los chicos requirieron medidas de abrigo, en primer lugar aparece con un 42% el maltrato infantil en sus diversas modalidades, violencia física, psíquica o emocional, abuso sexual o negligencia; seguido por la ausencia de adulto responsable con un 31%.

Esta última categoría engloba aquellas situaciones en las que los padres no pueden hacerse cargo del cuidado cotidiano de los niños y niñas por cuestiones de salud o por cuestiones de frágil vinculación afectiva con éstos, entre otros.

El Reuna es el programa en línea la secretaría provincial de Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es registrar todas las medidas adoptadas en los 24 Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos, dependientes de esa cartera, así como de los más de 120 Servicios Locales, coordinados por el mismo organismo y distribuidos en cada municipio.

Sobre estas situaciones, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, aseguró que “siempre es una decisión que se toma en última instancia y en las situaciones más complejas, que requieren separar temporalmente a niñas y niños de sus progenitores, dado que han fracasado otras estrategias de restitución de derechos”.

“Una vez concluido el tiempo de evaluación, se resuelve cada caso particular de manera diferente, siempre teniendo en cuenta el interés superior de niño. Muchas veces se logra la restitución a la familia, mediante estrategias de restitución de derechos o a través de programas que puedan lograr que esos derechos no sean nuevamente vulnerados”, agregó.

El funcionario detalló que “en otros casos, agotadas todas las opciones, se decide, siempre junto con la Justicia, una separación definitiva del núcleo familiar de origen y se busca que la primera opción para el destino de los chicos sea en lo denominados familia ampliada: tíos, abuelos, hermanos mayores, entre otros. Como última elección se acude a las instituciones”.

Según datos del Reuna, la situación muestra que al 31 de diciembre de 2012 había en la Provincia un total de 1067 niñas y niños de hasta 4 años separados de sus padres o representantes legales por vulneración a sus derechos. De total, 435 se encuentran con referentes afectivos tales como abuelos, tíos, entre otros, mientras que 632 están en instituciones oficiales o en convenio con la Provincia.

En rigor, el 59% están institucionalizados y el 41% en familia extensa o ampliada. A fines de 2011, las estadísticas mostraban que 1237 niños de la misma franja etaria se encontraban separados de su familia de origen y el porcentaje de niños en instituciones era superior 61%.

  • Nota correspondiente a la publicación del día 10 de Marzo de 2013

http://www.inforegion.com.ar/noticia/29742/mas-de-600-ninos-fueron-apartados-de-sus-hogares-por-proteccion

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