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EL SALVADOR: “Es difícil que ofrezcamos acceso a la justicia si también somos víctimas y victimarios”

En El Salvador, si un menor de edad víctima de violencia sexual decide buscar justicia, el sistema lo revictimiza y le ofrece pocas garantías de que su denuncia terminará en condena.

En esta entrevista, Doris Luz Rivas, presidenta de la Sala de lo penal, habla de los grandes desafíos que enfrenta ese sistema de justicia que, a partir del razonamiento de algunos jueces, perpetúa la costumbre de violar.

Doris Luz Rivas es la presidenta de la Sala de lo penal desde enero 2016, la máxima autoridad en materia penal en El Salvador. En un país en donde nueve de cada diez víctimas de violencia sexual contra menores son niñas, la magistrada cuestiona al sistema de justicia, cuando este culpabiliza a las víctimas por su apariencia y absuelve a los victimarios en 'nombre del amor’.

El 31 de enero 2017, El Faro reveló que el 90 % de las violaciones a menores de 15 años queda impune y por ser parte de la Comisión de magistrados que trabaja en la depuración de jueces señalados por negligencia o actos de corrupción, ella prefiere no emitir opinión sobre las actuaciones de los jueces señalados en la investigación de El Faro.

Pero la magistrada Rivas sí reconoce que hay errores graves en el proceso al que tienen que someterse las víctimas de estos delitos para obtener justicia, y que todo deriva en la deficiente aplicación de la sana crítica; es decir, de la valoración sincera y de buena fe que los jueces hacen a partir de su experiencia: “Se advierte la expresión de una cultura patriarcal y tenemos que hacer mucho esfuerzo en la escuela judicial y la corte para ir desmontando estas prácticas, estas miradas y tener mayores debates”.

En su lucha contra la violencia sexual, El Salvador ha reformado el código penal y ha creado leyes para que, en teoría, los jueces tengan más herramientas para proteger a las víctimas cuyos derechos han sido vulnerados. En la práctica, sin embargo, la magistrada señala que hay omisiones importantes, como no atender la petición conjunta del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer y el Comité de los Derechos del niño. Estas instancias han pedido reformas al Código de Familia para impedir los matrimonios de las niñas de 14 años con los hombres mayores que abusaron de ellas.

Hay jueces que dejan en la impunidad violaciones a menores otorgando el beneficio de la duda al imputado al suponer que él desconocía la edad de la niña o que él no sabía que era delito acostarse con una menor de 15 años. ¿Están cumpliendo su papel los jueces?
Hay un problema serio y es que, al final de cuentas, los jueces tenemos diferentes miradas de la realidad. Hemos naturalizado ciertas prácticas en el tema de las relaciones “consentidas” entre niñas y personas mayores de edad. Por otra parte, se advierte la expresión de una cultura patriarcal y tenemos que hacer mucho esfuerzo en la escuela judicial y la corte para ir desmontando estas prácticas, estas miradas y tener mayores debates. Ahí tenemos las recomendaciones del Comité de los Derechos del niño, que le está recomendando a El Salvador, desde hace ratos (2014), que reforme el Código para no permitir los matrimonios de las niñas de 14 años bajo el argumento de que están embarazadas. Ahí vemos una falencia por parte del Estado que ya debería de haber dado respuesta por el excesivo legalismo que a veces permite que se justifiquen estas prácticas. Sucede que todo lo vemos normal, y lo justificamos a costa de lo que sea, pero no se puede seguir naturalizando ese tipo de prácticas.

Usted, como máxima autoridad en el área penal, ¿cómo explica que en tribunales de sentencia se decida absolver a los imputados con argumentos como “¿Qué gano yo separando una familia?” cuando hay un bebé producto de la violación?
El Comité de los Derechos del niño ha hecho el llamado a la importancia de que el tema del interés superior del niño se dote de contenido y que no debe desinterpretarse. También hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que nos viene estableciendo los límites y alcances que debemos de utilizar para proteger verdaderamente el interés superior del niño, porque no es una categoría que signifique un cheque en blanco. Tenemos que hacer todo un recambio de derecho probatorio. Yo puedo tener una idea de equis caso o de una realidad concreta, y puedo tener mis convicciones morales o religiosas, pero eso no debe de prevalecer, sino la situación concreta que estoy resolviendo.

Me llama la atención que menciona los tratados internacionales porque, atendiendo a ellos, el país ha reformado el Código Penal en distintas ocasiones, y ha creado nuevas leyes para ofrecer garantías a las víctimas para resguardarse en casos como estos, para obtener justicia. Sin embargo, los hallazgos de la investigación lo que reflejan es que sigue prevalenciendo la importancia de que la víctima llegue y se presente a declarar.
Creo que hay que aprovechar cámara Gesell, anticipos de prueba. Para mí si ha habido anticipo de prueba y si la niña o niño víctima no puede llegar, no le veo problema, porque el anticipo de prueba ya revistió todas las características de una vista pública, y obviamente no ser tan excesivamente dogmático. A lo mejor, no todos los casos van a salir condenados, pero sí garantizar las posibilidades de acceso a la justicia.

El uso de cámaras Gesell es bastante reciente y confiar en ese recurso es un tema complicado, tomando en cuenta que hay solo seis para todo el país. Acceder a ellas se hace más difícil para las víctimas del interior. Si son delitos que se persiguen de oficio, ¿por qué aún se depende tanto de la víctima para condenar?
No podemos hacer descansar todo en la prueba testimonial. Los principios de valoración de la prueba, con el tema de la sana crítica, nos permite evaluar los medios probatorios posibles de los científicos, de todo lo demás que podemos echar mano para establecer o no una situación concreta. Ahí es donde tenemos que hacer un trabajo con Fiscalía, no solo con jueces, ni tampoco se trata de buscar culpables. Creo que el sistema no está funcionando adecuadamente, y tenemos que hacer el esfuerzo por que esto cambie, porque este tipo de cosas ya no sigan sucediendo. Nosotros tomamos un acuerdo de que las cámaras Gesell que están en el órgano judicial, dependan del Instituto de Medicina Legal, y estamos haciendo un ejercicio de ver dónde es necesario ir instalando más cámaras Gesell. Son cosas que tendríamos que resolver como una garantía para las víctimas, para que no se vean sometidos a esos procesos de victimización. Debería de haber un expediente único en materia de víctimas de violencia sexual e ir evitando esos procesos de revictimización al que se ven sometidas en el sistema.

Una vez que la víctima decide buscar justicia, tiene que repetir por lo menos cinco veces su testimonio entre Policía, Fiscalía, Medicina legal. Desde el inicio está sometida a una revictimización en donde su cuerpo es el principal medio de prueba.
Correcto, y si nosotros tuviésemos un expediente único, ya no tuviese que pasar por tanto. Estamos, precisamente, trabajando esos esfuerzos, pero tenemos que hacerlos de manera interinstitucional, pensando en el acceso a la justicia de las víctimas y que no haya tanta impunidad. Todos esos desafíos los tenemos, porque obviamente el que no llegue la víctima al juicio, pero si ha habido anticipo de prueba, aunque otros piensen diferente, yo no le veo problema. Sobre todo cuando se trate de niños y niñas.

¿Qué pasa si la única declaración que se tiene de la víctima es la reconstrucción de los hechos que hizo frente a un policía o un fiscal cuando se puso la denuncia? También encontramos sentencias en donde los jueces dicen que no pueden tomar ese testimonio como prueba.
Creo que ahí es donde la Fiscalía tiene que cuidar un poco esto. Soy poca para andar hablando de las instituciones, creo que en esto uno más debe de sumar y seguir empujando los cambios, lo que sucede es que también, de repente, tenemos que corregirle la plana a las partes, a los sujetos procesales. El principio de libertad probatoria nos permite que cualquier hecho se puede probar con cualquier medio de prueba. Lo que sí es que tiene que haberse obtenido de manera lícita. Creo que si hacemos ese esfuerzo, la prueba no tendría por qué desecharse. Tendría que mantenerse y ser utilizada desde el principio hasta el fin.

¿En El Salvador, los jueces juzgan desde una óptica machista?
Sí, nosotros somos hijos de una cultura patriarcal machista, pero no puede ser justificación para que yo actúe de esa forma. Es doloroso a veces que con una decisión pueda haber impunidad, pero también podemos advertir el fracaso del sistema, y es donde más allá de buscar los culpables, que cada quien asuma el rol que nos corresponda.

La desnaturalización del tema ha llegado a tal nivel que, incluso aquí en San Salvador, según nos contó una exjueza de paz de este departamento, se le conoce a este tipo de delitos como “delitos sabrosos”.
Eso es totalmente antiético, compartir nuestros casos sobre todo para hacer mofa de las víctimas, me parece inadecuado. Utilizar los casos para este tipo de actitudes va contra toda ética de un juez. Pero el llamado, la reflexión, está para que unamos esfuerzos e ir transformando esas miradas, esos patrones culturales. No crea, si no es fácil hablar del tema de enfoque de género, de hablar de humanización de la justicia.

¿A qué se refiere cuando dice que no es fácil, a qué se ha tenido que enfrentar usted dentro del sistema judicial?
No es fácil por los esquemas mentales, por los estereotipos patriarcales, machistas. A veces se tocan temas de acoso sexual y se ponen a hacer chiste, mofa de eso. Hemos tenido que decir “momento, no vamos a traer casos para que se vengan a burlar”. Obviamente, acordémonos de que somos seres humanos e ir rompiendo estos paradigmas no va a ser fácil, pero creo que no es imposible. El Consejo Nacional de la Judicatura debe ponerle atención a esto. Ellos constitucionalmente tienen esa obligación. Pero va más allá. Es también cómo los jueces y la juezas tenemos una apertura mental, darnos cuenta de que también podemos ser agentes de cambio e ir transformando la justicia.

Acaba de mencionar un escenario en el que llevaban un caso de acoso y empezaban a hacer chiste. Esto es a qué nivel, ¿la Sala de lo penal?
A veces se da. Sin embargo, al interior de la Corte hemos ido avanzando, porque en estos escenarios tenemos ya algunos diagnósticos del tema de discriminación al interior de la planta administrativa, al interior de los tribunales, que son reveladores. Es bien difícil que nosotros le ofrezcamos acceso a la justicia a la gente si nosotros estamos también siendo víctimas y victimarios. Si una jueza es agredida y lo ha visto como natural, va a ver naturales algunas otras cosas; de igual manera un hombre agresor. No estoy diciendo si los hay o no, pero también suceden esas cosas que de repente no sabemos que somos víctimas de violencia psicológica, de violencia emocional, que es la más dañina.

Si no se trata de señalar culpables, hablemos de las causas. ¿El sistema está fallando en la capacitación de sus jueces? El CNJ distribuye un Código penal comentado como estrategia de capacitación “debido a que las necesidades de capacitación no pueden ser atendidas plenamente”.
Aquí hay que reconocer que muchos jueces nos hemos atrevido a tener nuestra propia biblioteca, irnos autoformando e ir avanzando. Otros, a lo mejor, nos acomodamos y nos quedamos con los cursos que nos dieron o la universidad… Se requiere una justicia más humanizada, jueces más comprometidos, más técnicos, con una mirada diferente. Aquí es donde viene el desafío del CNJ, que deberían de buscarse los mejores perfiles de jueces y juezas para ir en esta dinámica de transformación. La legislación nos va imponiendo desafíos, pero también cómo ser buenos intérpretes. Hay un jurista, Francesco Carnelutti que me gusta cómo lo dice: “que el individuo no puede ser marioneta de la Ley, y es preferible tener malas leyes y tener buenos jueces, que tener buenas leyes y malos jueces”. Hay que plantear los mejores argumentos para interpretar aun leyes con debilidades. Obviamente los argumentos tienen que ser objetivos, razonables, que ahí es donde entra el tema de la sana crítica.

En la mayoría de las absoluciones el razonamiento era: se prueba un delito, porque el peritaje dice que hubo acceso carnal a la víctima; pero ya después entra esto del dolo y que si el agresor se confundió por la apariencia de la víctima o si no sabía que era delito, y finalmente queda absuelto…
Deben tomarse en cuenta las relaciones de poder que a veces se dan en las familias, frente a una niña y un adulto hay una relación de poder, hay que ir trascendiendo a este tipo de análisis. Pero para eso está la vía impugnativa, que controla por la vía jurisdiccional el trabajo del juez a través de sus sentencias. Si hay prácticas inadecuadas, está el mecanismo de investigación judicial. Pudo haber sido un error. Si estos casos hubiesen llegado a segunda instancia o casación, las víctimas tenían una oportunidad de que su caso fuese revisado por un tribunal superior que pudiese haber resuelto probablemente lo mismo o no. Y luego agotar toda esa vía. Nos dicen “sí, pero no hay justicia”, ¿pero cuántas casaciones nos han llegado? A lo más, dos o tres, y tenemos cantidad de registros. Es importante agotar esos recursos para decir que el sistema no funciona. Pero si nos quedamos ahí, también quedamos en deuda con las víctimas.

Entre las resoluciones que han pasado por casación y que usted ha visto, ¿podría mencionarme alguna que la haya hecho pensar “¿cómo es posible que esto sucedió en un tribunal de sentencia?”
Nosotros vemos los motivos y decimos: esto no es posible por esto y esto. Las razones que usted da no son suficientes. Claro, como seres humanos uno se puede sorprender. Pero cuando es juez tiene que guardar el equilibrio, frente a lo que emocionalmente pueda sentir, con lo que razonablemente tengo que decidir. Ahí es donde los jueces necesitamos tener cierto nivel de inteligencia emocional.

Diría, entonces, que la deuda es de formación.
Es de todo. Es integral. Romper con estereotipos, romper con la cultura patriarcal, con el exceso de machismo con que vemos los fenómenos de realidad en estos tiempos, y luego el tema de la sensibilización, capacitación, que es responsabilidad ética de todos. Estamos en un proceso de reinginiería y en planificación institucional, necesitamos tener un departamento de estadísticas judiciales, que nos permita hacer esta interpretación. Cuando vi esto (el reportaje de El Faro) pedí las cifras nuestras y realmente son bien dispares. Siento que hasta en eso necesitamos mejorar mucho, porque y qué pasó con las demás que no llegaron a los tribunales. Parece que es un privilegio para las víctimas llegar a los tribunales… para no obtener respuesta. Entonces, para mí es un llamado para todo el sistema.

Y la depuración también.
Sí. Nos faltan pocos casos. Estamos teniendo reuniones en corte plena bastante extensas y siempre vemos régimen disciplinario. Ha habido una gran mora. Sin embargo, estamos avanzando muchísimo para darle seguridad a aquellos que son buenos jueces. No se trata de cacería de brujas, sino de que también es una herramienta para darle confianza a la población. Estamos conscientes de los niveles de desconfianza, pero de igual manera podemos decir que hay buenos jueces. Nos preocupa cuando la ciudadanía no confía en el sistema. Donde quiera que vaya, el ciudadano debe tener la confianza de que va a tener la mejor respuesta. Por ello, debemos de tener los mejores jueces y juezas en el país. En este tipo de temas en particular no ha habido procesos disciplinarios. El jefe ha visto esto (el reportaje de El Faro). Así es que hay que esperar qué pasa.

http://especiales.elfaro.net/es/el_paraiso_de_violadores/palabra_de_juez/20124/%E2%80%9CEs-dif%C3%ADcil-que-ofrezcamos-acceso-a-la-justicia-si-tambi%C3%A9n-somos-v%C3%ADctimas-y-victimarios%E2%80%9D.htm

CENTROAMERICA: Google apoyará capacitación tecnológica de niñas centroamericanas

El gigante tecnológico Google anunció ayer que apoyará con 400,000 dólares un proyecto para que 2,000 niñas y 500 madres centroamericanas se capaciten en el uso de herramientas tecnológicas y adquieran capacidades en ese ámbito.

El proyecto, a cargo de la Cooperativa Sulá Batsú, con sede en Costa Rica, es uno de los beneficiarios de un programa de becas de 1.1 millones de dólares de Google.org, la división filantrópica de la empresa, en el que también están incluidos proyectos en México y Perú.

“La idea es apoyar a las ONG que trabajan en el desarrollo de habilidades digitales en niñas de bajos recursos en la región”, explicó el gerente general de Google para Centroamérica y el Caribe, el italiano Giovanni Stella.

La iniciativa, presentada el martes en un evento en Costa Rica, beneficiará a unas 2,000 niñas de entre 6 y 14 años y a unas 500 madres de zonas rurales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá.

El proyecto, de dos años de duración, busca que las niñas y sus madres adquieran habilidades en temas como herramientas digitales básicas, redes sociales, drones, manejo de datos, el desarrollo de narrativa a través de la tecnología, programación y desarrollo de códigos.

“Estamos muy orgullosos porque esta es la primera vez que Google hace una inversión de este tipo en Centroamérica. Estamos comenzando con Costa Rica, pero luego se trabajará con el resto de los países de la región. Esto demuestra el compromiso que Google tiene con Centroamérica”, manifestó Stella.

El representante de la empresa comentó que el equipo de Google para Centroamérica y el Caribe tiene apenas tres años de haberse conformado y que para él es “un orgullo muy grande apoyar el desarrollo del ecosistema digital de la región”.

Por su parte, la gerente de Asuntos Públicos de Google para Centroamérica y el Caribe, María Cristina Capelo, dijo que es necesario que las mujeres participen cada vez más en el mundo tecnológico.

“Queremos que las mujeres de América Latina tengan un papel más destacado en la industria tecnológica, que las niñas se sientan inspiradas a seguir una carrera en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas y que las herramientas digitales sean una vía innovadora para cerrar la brecha de género en el mundo”, expresó Capelo.

La coordinadora general de la Cooperativa Sulá Batsú, Kemly Camacho, destacó que el proyecto apoyado por Google funciona en Costa Rica desde hace unos años bajo el nombre TIC-AS y que ahora será ampliado al resto de Centroamérica.

“Me gustaría que más mujeres estén produciendo tecnología que le sirva a Centroamérica, que resuelva problemas de la región que hayan sido identificados por ellas; que también hayan más mujeres en las empresas de tecnología o con sus propias empresas porque en la actualidad el número es diminuto”, declaró Camacho.

Sulá Batsú tiene 14 años de trabajar en el desarrollo de habilidades tecnológicas en zonas rurales de Centroamérica y de estudiar su impacto en la sociedad.

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/421204-google-apoyara-capacitacion-tecnologica-ninas-cent/

COSTA RICA: Presupuesto vs. protección integral de personas menores de edad

Crónica de una muerte anunciada.

De esa forma podría resumir la aprobación del recorte presupuestario realizado por un grupo de diputados y diputadas en perjuicio del Patronato Nacional de la Infancia. Desde que en octubre pasado la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente una rebaja por más de 47 mil millones de colones, otro grupo de congresistas que sí creemos en la inversión social para la niñez y la adolescencia sostuvimos el criterio de que dicha actuación legislativa era ilegal, inconstitucional y contraria a los preceptos básicos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país.

Hace más de un cuarto de siglo la humanidad apostó decididamente por un cambio de paradigma: dejar atrás la vieja teoría de la situación irregular que consideraba a los menores como simples objetos de protección, para adoptar una postura moderna, sea, la protección especial de las personas menores de edad a partir del reconocimiento de su dignidad como seres humanos y por su condición de sujetos de derecho.

Bajo esa perspectiva, el Estado costarricense ha creado y reservado recursos económicos con el objeto de implementar el mandato que la propia Constitución Política ha delegado en el PANI: proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad. “Se trata de fondos que tienen un destino social prioritario, pues se destinan a la protección de determinados riesgos y contingencias de las personas menores de edad y la familia, propio de un Estado de Bienestar…”, dijo meses atrás la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Quitar un 55% de esos recursos significa una severa afectación no al PANI, sino a los programas y proyectos a través de los cuales se efectivizan los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia. La ecuación es simple: Por cada colón rebajado o destinado a otros fines, niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad entiéndase abandono, violencia, abuso y hasta negligencia dejan de recibir una adecuada atención de sus necesidades básicas. Adicionalmente, se frustra la apertura de 30 nuevas oficinas locales, 12 unidades móviles, 20 Centros de Intervención Temprana, 20 Bebetecas, 10 Clubes de Adolescentes y 20 Consultorios Familiares.
Igualmente, se perjudica el correcto funcionamiento de las Academias de Crianza, de los Subsistemas Locales y Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, de los Consejos Participativos y los Hogares Solidarios, sin dejar de mencionar la no contratación de profesionales de apoyo para la atención en albergues institucionales, la falta de inversión en infraestructura y la cooperación financiera que se brinda a organizaciones no gubernamentales en materia de protección especial de personas menores de edad.
En aras de evitar ese desastre, varios diputados y diputadas presentamos una consulta ante la Sala Constitucional, sustentada en que no se puede variar el destino de los recursos que financian programas sociales prioritarios, y que semejante recorte significaría un claro obstáculo al libre ejercicio y pleno disfrute de derechos fundamentales.
Pues bien, la Sala emitió el voto 2016-18351, el pasado 14 de diciembre, cuya parte dispositiva, en lo que interesa, dice: “Se evacua la consulta facultativa presentada sobre el Proyecto Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2017, en el sentido que resulta inconstitucional la reducción de los fondos que legalmente le corresponden al PANI…”.
Aún resta esperar el fallo íntegro para conocer los criterios del Tribunal Constitucional y sus respectivos alcances. No obstante, esto no solo representa un contundente triunfo a favor de nuestra niñez y adolescencia, sino que también establece un claro precedente para que, en el futuro, nadie más se atreva a cruzar la línea de la irresponsabilidad política. Crónica de una muerte anunciada, porque el Parlamento jamás debió manosear los fondos que pertenecen a este fundamental sector de la población costarricense.

*Diputada, subjefa de fracción PLN

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/319404/presupuesto-vs-proteccion-integral-de-personas-menores-de-edad

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