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ARGENTINA: Cibercrimen: la pornografía infantil encabeza la lista de delitos

El 77% de los casos que ingresan en el Equipo Fiscal Especializado en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad son por pornografía infantil, le siguen el acceso ilegítimo, el daño informático y el hostigamiento o amenazas

Avanzan épocas en las que los delitos cometidos mediante el uso de las nuevas tecnologías o a través de las redes sociales se ponen en primera plana y no sólo es necesario que la legislación se adecue a esta problemática sino que también se debe avanzar en capacitación a los actores judiciales que se van a enfrentar cada vez a mayor cantidad de casos en la materia. Lo cierto es que en la Argentina aún existen serios vacíos legales para juzgar estos delitos y, de hecho, hay muchos casos en que los jueces terminan archivando las causas relacionadas con las nuevas tecnologías por “no saber cómo manejar estas causas”.

El Centro de Investigaciones Inocente, que depende de Unicef, publicó un informe en el que registró 16.700 casos de abusos sexuales contra menores en diferentes páginas web de todo el mundo durante 2011. El año anterior, la cifra era de 10.600.

En el plano legislativo, hasta el 2008 no había ninguna norma que tipificara los delitos cometidos a través de medios informativos, hasta que la ley 26.388 logró que se introdujeran ciertos cambios en el Código Penal para que se pasaran a contemplar delitos como el acceso indebido a sistemas informáticos, la comercialización y o distribución de material pornográfico de menores de 18 años, se equipararon las comunicaciones electrónicas con la correspondencia epistolar y se contempló el daño informático, entre otros. Pero la realidad es que el boom de las redes sociales y de las tecnologías llevó a que la legislación quedara vieja y, por consiguiente, no evalúa ciertas conductas delictivas como por ejemplo puede ser el ciberacoso.

En conversación con BAE Judicial, la titular del Equipo Fiscal Especializado en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, explica que el mayor porcentaje de los delitos que ingresan en la fiscalía corresponden al tráfico de pornografía infantil. “Estas denuncias se inician a través del FBI, porque que Estados Unidos obliga a los proveedores de servicios de internet informarle a Missing Children cuando detectan algún incidente de material pornográfico que involucre a menores de edad, de ahí se informa al FBI, luego al área especializada de la Policía Federal y posteriormente a nuestra fiscalía”.

Ejemplo de esto son “dos investigaciones muy grandes que llevamos adelante sobre pornografía infantil y abuso de menores, una iniciada en Chile y la otra en España, en donde se pudo determinar que había una persona conectada que intercambiaba material pornográfico con personas de diferentes países, entre ellos Argentina. Hicimos un allanamiento en conjunto con todos los países involucrados –fueron 109 allanamientos, 30 de los cuales fueron realizados en la Argentina– y ahora estamos en camino de seguir adelante con esta investigación”, explica Dupuy.

La investigación judicial

Desde la fiscalía advierten la necesidad de avanzar con determinadas reformas procesales para que se pueda seguir la huella de este tipo de delitos. “Es fundamental reformar las normas procesales. No es lo mismo la recolección de la evidencia digital de la recolección de prueba física a la que refiere la mayoría de los códigos de procedimiento”, sostiene Dupuy al tiempo que advierte que existe una serie de temas susceptibles al menos de ser discutidos para analizar la posibilidad de introducirlos en los códigos, como, por ejemplo, el agente encubierto, la solicitud de preservación y obtención de datos, la validez de la prueba obtenida en otro país, el registro de cosas físicas versus el registro de datos; la posibilidad de aplicar un software judicial a distancia, cuestiones de competencia, utilización de tecnología de cifrado, etcétera.

Por otro lado, destacan la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional.

“En muchos casos los procesos de transferencia de datos afectan a varios países. Cuando el delincuente no se encuentra en el mismo lugar que la víctima, la investigación requiere la cooperación entre las autoridades competentes de todos los países que resulten afectados”, sostienen desde la fiscalía.

El principio de soberanía nacional no permite que un país lleve a cabo investigaciones dentro del territorio de otro país sin el expreso permiso de las autoridades locales. Por lo tanto, las investigaciones deben realizarse con el apoyo de las autoridades de todos los países implicados. “En la mayoría de los casos se dispone de un breve tiempo para que la investigación sea exitosa. Sin embargo, el clásico régimen de asistencia mutua presenta evidentes dificultades cuando se trata de investigaciones de ciberdelitos, pues los procedimientos son muy largos”, señala la fiscal.

Asimismo, conforme lo analizan los especialistas, se debe tener en cuenta la volatilidad de la evidencia digital, ya que, a diferencia de la evidencia física, la digital es “frágil, anónima, duplicable, alterable, modificable y eliminable. Tales características demandan la exigente labor de los especialistas al momento de llevarse a cabo las investigaciones, que tengan por fin el correcto manejo de la evidencia que, eventualmente, se utilizará en una instancia de juicio oral y público”.

Base de pedófilos

El progresivo aumento de ingreso de casos de pornografía infantil llevó a que desde la fiscalía especializada de la Ciudad se creara una base de datos de las personas que fueron halladas en poder de material pornográfico con imágenes de menores de edad. “Esto nos permite cruzar información con otros organismos nacionales o internacionales para tener conocimiento acabado del perfil de los imputados”, explica Dupuy.

En este plano donde se busca avanzar en la persecución cada vez más especializada de estos delitos, que ponen en peligro a los menores, la fiscal advierte que existen ciertos obstáculos legislativos como “la falta de legislación de determinadas modalidades delictivas que lleve a que determinadas acciones no queden impunes”. Asimismo, en lo que respecta a la ley procesal, sostiene que existen determinadas medidas probatorias que los fiscales deben pedir y para esto deben “hacer un esfuerzo para adaptarse a la letra procesal”, dado que el Código no contempla los delitos informáticos.

Ajustar la legislación de fondo, avanzar con una reforma procesal, estrechar todos los vínculos con el sector privado a fin de que podamos acceder a la información necesaria para continuar adelante con las investigaciones y la cooperación internacional son algunos de los puntos principales sobre los que se busca trabajar en 2014 para fortalecer el trabajo para desbaratar las redes de delitos informáticos.

http://www.diariobae.com/diario/2013/12/03/33770-cibercrimen-la-pornografia-infantil-encabeza—la-lista-de-delitos.html

COSTA RICA CON NUEVA LEY CONTRA LA PORNOGRAFIA INFANTIL

Lo logramos! Contamos con nueva legislación a favor de las personas menores de edad.
Aumento de penas y creación de nuevas figuras el dato más significativo

Embajada Británica en Costa Rica apoya financieramente el proceso y se logra su aprobación-

(San José, Costa Rica. 3 de diciembre del 2013).

La Comisión con potestad legislativa plena primera de la Asamblea legislativa Costarricense, aprobó el día 23 de octubre del presente año, en segundo debate el proyecto de ley denominado “Reforma de los artículos 173, 173 bis y 174 y adición de un artículo 174 bis al Código Penal y reforma del inciso 3 y del párrafo final del artículo 61 de la Ley general de migración y extranjería (expediente 18.139). Dicho proyecto de ley propone importantes modificaciones a nivel penal en el tema de la utilización de personas menores de edad en material pornográfico. La señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla firmó la ley que ya fue publicada en La Gaceta “Con la aprobación de esta nueva ley, Costa Rica se ubica a la vanguardia en la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, ya que abarca – además del aumento en las penas – elementos innovadores como lo son, la inclusión del concepto de pornografía virtual y/o seudo pornografía (art. 174 bis), aspectos hasta el momento invisibilizados en nuestra legislación nacional, de esta manera se establecerá un concepto amplio sobre la pornografía infantil que abarque todas sus formas y manifestaciones” mencionó la licenciada Rocío Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la organización no gubernamental ALIANZA POR TUS DERECHOS, organización que confeccionó, propuso e impulsó el proyecto de ley. Antecedentes del proyecto de ley: En el mes de junio del año 2011, la organización no gubernamental ALIANZA POR TUS DERECHOS con el invaluable apoyo de la EMBAJADA BRITANICA EN COSTA RICA, presenta y entrega el texto en la Asamblea Legislativa, dos meses después (agosto 2011), el expediente 18.139 es enviado a la comisión de juventud, niñez y adolescencia donde es evaluado y consultado. En el mes de setiempre del 2012 (un año después) recibe el dictamen de aprobación por unanimidad, siendo que en el mes de octubre del presente año fue aprobado en primer y segundo debate (02 y 23 de octubre, 2013) por la Comisión con potestad legislativa plena primera. Gracias al apoyo de la Embajada Británica en Costa Rica, se pudieron realizar los estudios e investigaciones correspondientes que permitieron la creación de la nueva legislación y su cabildeo en la Asamblea Legislativa, finalizó Rocío Rodríguez.

Principales cambios en materia penal: Art. 173 C.P Art. 173 b C.P Art. 174 C.P Art. 174 b C.P
Legislación vigente Fabricación
Pena: 3 a 8 años.
Transporte
Pena: 1 a 4 años Tenencia
Pena: 6 meses a 2 años Difusión
Inciso 1: 1 a 4 años
Inciso 2: 1 a 4 años No existe
Texto recién aprobado Fabricación
Pena: 4 a 8 años
Transporte
Pena: 3 a 6 años Tenencia
Pena: 1 a 4 años Difusión
Inciso 1: 3 a 7 años.
Inciso 2: 4 a 8 años. Pornografía virtual y seudo pornografía.
Pena: 6 meses a 2 años.

Así mismo la Comisión considera oportuna esta reforma, misma que avalamos en su totalidad:
ARTÍCULO 2.- Se reforman el inciso 3) y el párrafo final del artículo 61 de la Ley
N.º 8764, Ley General de Migración y Extranjería, de 19 de agosto de 2009.
“Artículo 61.-
Las personas extranjeras serán rechazadas en el momento en que
pretendan ingresar al territorio nacional y, aunque gocen de visa, no se les
autorizará el ingreso cuando se encuentren comprendidas en cualquiera de
los siguientes supuestos:
[…]
3) Cuando hayan cumplido condena por delito doloso en los últimos
diez años, en Costa Rica o en el extranjero, siempre y cuando el ilícito sea
reconocido como tal en nuestra legislación. La Dirección General no
autorizará el ingreso al territorio nacional de personas que tengan medidas
cautelares, procesos penales pendientes por delitos sexuales contra
personas menores de edad o que hayan cumplido condena por alguno de
estos delitos durante los últimos cincuenta años.
[…]
Para los efectos del presente artículo, la Dirección General deberá consultar
sus registros y atender todo informe que emitan al efecto los cuerpos
policiales del país, dentro de las competencias determinadas por la Ley
General de Policía, así como recabar la información internacional pertinente
para el ejercicio de sus funciones. En el caso de las personas refugiadas y
solicitantes de la condición, las diligencias para recabar información nacional
e internacional deberán realizarse en estricto apego al principio de
confidencialidad, de conformidad con los instrumentos internacionales. En
todos los casos, la Dirección General deberá verificar que las personas que
solicitan ingreso al país no tienen medidas cautelares por procesos penales
pendientes por delitos sexuales contra personas menores de edad o
condenas penales por estos delitos. Para estos efectos, queda facultada
para suscribir convenios de cooperación y de intercambio de información con
autoridades extranjeras administrativas y judiciales, a fin de tener acceso a
sus bases de datos sobre esta materia.”
____________________________________________________________________—

Para mayor información favor contactar a:
Rocío Rodríguez García, Presidenta Ejecutiva, ALIANZA POR TUS DERECHOS, tel. (506) 2524 1327, fax: (506) 2524 1109, correo electrónico: rocio@alianzaportusderechos.org